Es el recorrido ambiguo y contradictorio que viene describiendo el proceloso asunto de la amnistía. Para la opinión inicial de un inocente intérprete de la Constitución española, la respuesta era bastante clara: la amnistía, de entrada, sería inconstitucional, como lo es un indulto general, según dice al artículo 62 i) de la Constitución. Sólo a posteriori cabría afinar argumentos excepcionales para tratar de ajustarla al orden constitucional del sistema. Y no parece que la estabilidad gubernamental pudiera ser justificación suficiente para tamaño desaguisado.

Pero empezó a sonar la música del flautista, las llamadas a la concordia, las melodías de la paz y la reconciliación, la evidencia de quién propone la ley de amnistía, y la veleta comenzó a girar hasta invertirse las posiciones. Ahora resulta que la amnistía es constitucional, salvo que excepcionalmente se adentre en concretas aristas problemáticas de posible inconstitucionalidad; como los delitos de terrorismo u otros condenados por el derecho europeo.

Y así al final parecemos enfrentados a una larga serie de dudas e incertidumbres: que si no está prevista en la Constitución; que si los límites constitucionales al Ejecutivo (que decide los indultos) no son los mismos que al legislativo (que aprueba la amnistía); que si existen numerosos casos en el derecho comparado en momentos históricos de reconciliación colectiva; que si debe exigirse o no a los amnistiados una voluntad de no volver a repetir las mismas historias; que si son muchos o pocos los que hay que amnistiar; que si el marco procesal puede llenarse de incidencias a posteriori debido a la creciente presencia del derecho europeo y todo un interminable etcétera.

Se supone que el dilema lo debía resolver en principio un órgano supremo especialmente encargado para ello, el Tribunal Constitucional; pero ahora todos parecen entonar el conocido lamento de recordar que el Tribunal Constitucional ya no es lo que era, que está contaminado por la política a base de tanto interés partidista y tanta cuota. De tal manera que nuestro oráculo de Delfos ha perdido ya su brillo, aquel que conquistó a base de prestigio académico desde la década de los ochenta. Y parece que ahora son otros los oráculos europeos que marcan la pauta.

Para la opinión del ciudadano de a pie, el resultado acaba siendo una auténtica trapisonda. Por una parte, los constitucionalistas quedamos como unos frívolos que nos dejamos llevar por el viento que sople en cada momento; o sea, una especie de voz de su amo dispuestos a “vendernos” al mejor postor. Por otra, el juego político parece desenvolverse como una dinámica de acción y reacción entre jueces y gobernantes, como si jugaran al ratón y el gato. O sea, un tablero de sorpresas y emboscadas donde ni las minorías parlamentarias ni, por supuesto, los ciudadanos de a pie, tenemos el menor papel que cumplir.

Así que la amnistía se valorará según el proyecto proceda del partido A o del partido B, o sea, según quien nos venda la burra. Y aunque uno entendiera inicialmente que la amnistía era inconstitucional, al cabo del tiempo, tras tanta invocación a la convivencia, a la reconciliación, a la armonía, acabará por rendirse: amnistía para todos, faltaría más. Que como consecuencia de ello nuestro Estado de derecho vaya a entrar en barrena, no pasará de ser una simple circunstancia transitoria. Si ya hasta el mismo Zapatero se ha manifestado a favor.

Luego la pregunta final que deberíamos hacernos es ¿de qué partido procede el proyecto de amnistía? Si procede del partido A, aquel que apuesta por la reconciliación de los españoles en un benéfico marco de armonía y paz social (además de ser el partido que trae el bienestar y la felicidad para todos), está claro que será constitucional. Pero si el proyecto procede del malvado partido B, ese partido que sólo desea los peores augurios para los españoles, que sólo promueve la crispación y la falta de convivencia, en ese caso sólo cabrá detectar su evidente inconstitucionalidad. Así que usted mismo, querido conciudadano, sin necesidad de mayores historias, tecnicismos o complicaciones, puede hacerse la pregunta y formularse la respuesta correcta. Problema resuelto.

De tanto remover la olla parece que al final nos comportarnos como viejas desnortadas a las que sólo les queda salir con aquel viejo sofisma del “¿y tú de quién eres?”. Visto el nivel de seriedad y previsibilidad que está alcanzando nuestro sistema democrático, es como para salir corriendo; y que los viejos Chanclas nos ayuden. Con la apoteosis de la deriva maniqueísta en que viene decayendo nuestro sistema, venir con preguntas de lo que es o no es constitucional parece a estas alturas como un auténtico imposible.