Gobierno de coalición y reforma laboral

Algunas graves etapas a lo largo de la transición democrática, abrieron en España, el debate sobre la necesidad de gobiernos de coalición para afrontarlas. El debate político giró entonces sobre si existía en la sociedad la "cultura" democrática que justificara gobiernos de coalición entre partidos con modelos de sociedad diferentes. La estrategia alternativa, ante la ausencia de la mayoría necesaria, fue la llamada "geometría variable", los acuerdos puntuales del Gobierno con distintos partidos para aprobar los presupuestos anuales y los proyectos de ley. Sin embargo, la crisis financiera y después el movimiento del 15-M al modificar progresivamente la orientación del voto ciudadano dieron lugar en 2016 a un Parlamento fragmentado y abierto a la inestabilidad política de los gobiernos. Esto se evidenció, con la moción de censura al presidente Rajoy en junio de 2018 y la formación de un Gobierno minoritario del PSOE. Dos años más tarde, después de las elecciones de enero del 2020, Pedro Sánchez, formó el primer Gobierno de coalición en la historia reciente de la democracia española. En España, al igual que en otras democracias europeas con parlamentos fragmentados, los gobiernos de coalición entraban a formar parte de la normalidad democrática y probablemente, los futuros procesos electorales darán lugar a distintas coaliciones de gobierno.

Aunque no ha sido tarea fácil, el Gobierno de coalición ha afrontado con acierto razonable la crisis económica y social abierta por la pandemia; abierto un cauce de diálogo político, respetuoso con la Constitución, con sectores del independentismo catalán y sacado adelante los Presupuestos del Estado así como determinadas leyes para mejorar el funcionamiento de las instituciones. Es cierto que la atención política y mediática ha estado centrada más en las discrepancias internas del Gobierno que en los acuerdos. Es normal, que en un Gobierno de coalición, el partido minoritario evite ser "aplastado" políticamente por el partido mayoritario y quiera trasladar a la opinión publica el papel decisivo de su presencia en el Gobierno; en el caso del Gobierno actual sobre una parte importante de la política social. Ello es compatible con el margen de lealtad recíproca con la que debe actuar el Gobierno de coalición.

No se trata de restar importancia a las últimas discrepancias que han dado lugar al grave enfrentamiento dialéctico entre ambas partidos del Gobierno. El conflicto surge en relación con el compromiso, asumido por el Gobierno, con la reforma laboral (RL) que debe ser negociada con los agentes sociales y presentada ante la UE antes del 31 de diciembre. El presidente del Gobierno, ante las discrepancias, cortó en seco un debate que trasladaba a los ciudadanos la imagen de un Gobierno compartimentado y enfrentado. Su actitud parte también del convencimiento de que la RL es un tema clave por su trascendencia económica y social. Porque más allá del alcance que se quiera dar a la "derogación", la RL tiene como objetivo la modificación profunda del actual marco de relaciones laborales, para hacerlo más democrático y social pero también más eficaz para mejorar la productividad de la economía y la competitividad de las empresas.

La reforma laboral, aprobada por el PP en 2012, fue una reforma agresiva para los trabajadores; sirvió para afrontar la crisis económica del 2008 a cambio de bajos salarios, precariedad, ruptura del equilibrio entre las empresas y los trabajadores, al reducir la autonomía y la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos. Es difícil sostener que el marco vigente pueda facilitar la gestión de los fondos europeos de recuperación e integrar en la economía española los profundos cambios derivados de la globalización. Un nuevo marco de relaciones laborales no solo debe corregir los desequilibrios sociales que provoco la reforma de 2012, sino también responder a los efectos que la digitalización y la "revolución verde" van a producir en el mercado de trabajo y las condiciones laborales. El acuerdo de gobierno pactado entre ambos partidos y aceptado en el informe de la CE constituye una base sólida para la propuesta del Gobierno. Seguramente la complejidad de la RL se reflejará en la negociación, pero ello no debe mermar el alcance de aquella. La negociación será tensa y difícil, exigirá cesiones y renuncias, pero también la responsabilidad del Gobierno y los agentes sociales para llegar a un acuerdo necesario.