El PSOE ha certificado en el reciente pacto de investidura la deriva que tomó hace años: la del abandono de los principios del socialismo democrático, de la igualdad y la solidaridad. La próxima legislatura en España se caracterizará por una ruptura del ideal de ciudadanía común, la erosión del Estado de derecho y el incremento de las desigualdades sociales y territoriales por las cesiones fiscales a los territorios ricos.

El PSOE ha pactado con Sumar, la coalición que cuenta con catorce partidos regionalistas a los que sólo les importa la agenda identitaria de su territorio. Además, ha acordado profundizar las cesiones fiscales con la derecha vasca rompiendo así la caja única de la Seguridad Social; profundiza la relación con Bildu, partido heredero y no arrepentido del terrorismo nacionalista; y se materializan múltiples cesiones con las minoritarias fuerzas catalanas de ERC y Junts –fueron cuarta y quinta fuerza en las últimas elecciones en Cataluña–. Estas cesiones no son solo económicas, sino también relativas a privilegiar con medidas de gracia a los políticos que en 2017 intentaron un golpe de Estado, imponiendo una legalidad paralela desde las instituciones regionales.

Se han incluido grandes concesiones para contentar a la élite nacionalista catalana y obtener así un 4% de los votos para la “mayoría de progreso”. Más de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Estado será condonada y será pagada por todos los ciudadanos de España, cediendo el 100% de los tributos que en lo sucesivo recaude esa Comunidad Autónoma. Es una incomprensible recompensa a una de las regiones más ricas del país. La deuda catalana surgió mientras se privatizaban servicios públicos como la Sanidad o la Educación y se malversaban fondos públicos que se destinaban a la promoción del proyecto secesionista. Se privatizan los beneficios de una región rica y se socializa su deuda. Nada más contrario a los principios progresistas.

Especialmente grave para la salud democrática del país ha sido el acuerdo para una Ley de amnistía con Junts. Puigdemont, que huyó en el maletero de un coche tras la fallida declaración de independencia y que se refugia en Waterloo por una sorprendente inacción de la Justicia europea, se va a autoamnistiar tras unas negociaciones donde se ha encargado de humillar a las instituciones españolas, en especial a la Justicia, con el beneplácito del PSOE. La amnistía negociada no sólo es incostitucional –la Constitución prohíbe los indultos generales en el artículo 62–, también es nociva para la convivencia en un país que se ha polarizado ante los ataques del nuevo ejecutivo a la separación de poderes y el Estado de Derecho.

Sin Ley no hay democracia. Van a quedar impunes delitos muy graves de desobediencia, malversación de fondos públicos e incluso terrorismo. No sólo siendo perdonados, sino deslegitimando la acción del Estado español, que fue el que garantizó la igualdad y la justicia durante el proceso independentista catalán, el único que hizo frente de manera democrática y garantista a un movimiento golpista, corrupto y xenófobo.

La amnistía sólo es entendible en un contexto de transición de un régimen dictatorial a uno democrático para la restauración de la convivencia. Así fue la amnistía española de 1977 que ponía fin al franquismo: traía la democracia y fue apoyada por todos los diputados excepto dos. La actual amnistía tiene el efecto contrario: cuenta con el apoyo del 51% de la cámara, deslegitima sin razón al Estado de Derecho español y divide a toda la sociedad española como hemos visto en las protestas masivas de los últimos días, favoreciendo el ascenso de la otra extrema derecha, la de Vox.

Pedro Sánchez ha puesto la gobernabilidad del país en manos de los socios españoles de la Liga Norte o los nacionalistas flamencos, de los partidos a los que no les importa la solidaridad, los servicios públicos o los valores europeos, sino que existen para imponer una agenda etnolingüística, no redistribuir con los territorios más pobres y dinamitar la convivencia limitando la ciudadanía a los ciudadanos que no comulgan con su delirio nacionalista.

Las dinámicas chantajistas de gobernabilidad a cambio de cesiones continuas a regiones ricas tienen un precio para la igualdad. La ley de amnistía es escandalosa. Los ataques a la Justicia y la deslegitimación de la separación de poderes, el Senado y el resto de instituciones que no son el Ejecutivo convierten a Pedro Sánchez en un Viktor Orbán del sur de Europa. Un populismo peligroso donde se impone la falsa premisa de “sólo el Gobierno es el pueblo”, que utiliza la mentira política, institucional e ideológica para mantenerse en el poder a toda costa.