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El pasado jueves presentamos desde Garántia el I Informe Anual sobre Financiación de pymes y autónomos en Andalucía, un trabajo de análisis sobre las necesidades financieras de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos andaluces. Por repasar algunas, una de cada tres pymes andaluzas requirió financiación en 2018, y el 89% de ellas aceptaron las condiciones planteadas por las entidades de crédito. Es decir, de 545.000 pymes andaluzas, en torno a 181.000, necesitaron financiación, y de éstas unas 160.000 empresas la obtuvieron en condiciones adecuadas.
Atendiendo a sus estimaciones, la creación de empleo vinculada directamente a los proyectos para los que buscaron financiación alcanzarían los 75.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2022, con un dato llamativo: durante 2019, un 40 % de las pymes andaluzas esperan aumentar facturación, otro 40% mantenerla y un 14% reducirla.
En Andalucía, el 41% de las pymes son microempresas de entre 2 a 9 empleados y el 54%, unipersonales; es decir, autónomos. Apenas un 3,8% son de tamaño pequeño (de 10 a 49 empleados) y un 0,5% mediano (de 50 a 199). Estándares muy similares al resto de las pymes españolas, aunque ligeramente menor en tamaño mediano.
A la dimensión le corresponden dos vectores. El primero, la facturación: el 63% factura menos de 300.000 euros, el 17% entre 300.000 y 600.000 y sólo el 8% factura más de 1,5 millones. El segundo es la clasificación sectorial. La inmensa mayoría están incluidas en los epígrafes de Comercio y servicios personales y Servicios a las empresas, un 53%, y apenas un 20% en actividades con un grado importante de internacionalización, innovación o las dos en conjunto: industria manufacturera, agroalimentaria, energía, construcción (infraestructuras) o telecomunicaciones y sociedad de la información.
Viendo estos perfiles comprobamos, una vez más, que necesitamos más empresas (densidad), de mayor tamaño (dimensión) y de más sectores productivos (diversificación) y para ello, de entre las distintas necesidades en materia de política económica, también deberíamos contar con una estrategia financiera para Andalucía.
Como recogimos en nuestro reciente documento de propuestas La empresa como motor de desarrollo social, el escenario financiero de nuestra comunidad ha sufrido en los últimos años una intensa transformación que ha debilitado el músculo netamente andaluz, aún cuando las nuevas entidades resultantes de la reordenación bancaria española mantengan una presencia activa, y casi siempre, comprometida con Andalucía.
Una comunidad con el peso económico y el tamaño del tejido empresarial de Andalucía mejoraría considerablemente los niveles de financiación empresarial y diversificaría sus fuentes si nos dotáramos de una estrategia financiera propia.
Con ella, impulsaríamos los distintos instrumentos y entidades de financiación empresarial (bancarios y extrabancarios) y reforzaríamos el crecimiento de las empresas y el empleo. Como citaba anteriormente, el informe cifra la posibilidad de crear de 75.000 nuevos empleos en tres años, reduciendo en casi un 10% el actual desempleo andaluz.
Una estrategia impulsada desde la colaboración público privada, con la participación de la entidades financieras, desde bancos y cajas hasta la SGR Garántia, y la Administración autonómica, facilitaría la movilización de los recursos financieros de la comunidad, fortalecería a las empresas andaluzas, a su capacidad inversora y complementaría muchos esfuerzos dispersos.
Una estrategia desarrollada en Andalucía que contenga acciones especificas dirigidas a sectores de alto valor añadido (preferentemente, industriales y tecnológicos para aumentar su peso en el reparto sectorial), que podría propiciar la salida de empresas andaluzas para cotizar en el MAB y en el Mercado Continuo, y complementada por los distintos instrumentos de inversión ad hoc (fondos de inversión, fondos de capital riesgo y de capital semilla para impulsar el crecimiento de las empresas y el nacimiento de nuevos proyectos).
Un plan de acción que fortalecería no sólo a las empresas andaluzas, sino a la condición de Andalucía como territorio de valor empresarial y social. Como ocurre en otras comunidades autónomas.
Hablamos, en definitiva, de una estrategia financiera para Andalucía que sea global, que cuente con los instrumentos disponibles y fomente y permita la puesta en marcha de nuevos, movilizando el ahorro privado hacia proyectos de largo alcance y que fortalezca el tejido empresarial andaluz mejorando su densidad, dimensión y diversidad.
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