Castilblanco da el paso para legalizar 1.200 parcelas

Un cartel de Se vende cuelga de una valla oxidada en una parcela llena de matojos; a unos pocos metros, una casa de estética indefinible ha quedado a medio hacer y, un poco más allá, alguien ha ideado un artefacto de dos plantas con una suerte de buhardilla y techo de uralita. Son algunas de las construcciones existentes en la urbanización Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, una vasta extensión de 241 hectáreas calificada como suelo rústico y en la que a lo largo de los últimos veinte años, fundamentalmente, se ha venido construyendo hasta 1.200 parcelaciones al margen de la ley.

En 2007, Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) perdió la Alcaldía tras las elecciones a manos de cuatro concejales del PSOE y dos del PP. El pacto de la contrapinza. Tras 28 años dejó la vara de regidor y un dudoso legado urbanístico que le ha acarreado su imputación a iniciativa de la Fiscalía. El nuevo equipo de gobierno quiere poner arreglo al desaguisado, aunque el panorama no es nada sencillo. Se trata del mayor proceso de legalización de la provincia.

El alcalde, el socialista Segundo Benítez, quiere aprobar en enero próximo en Pleno municipal el avance del PGOU, en el que Las Minas aparece como "suelo urbano no consolidado", es decir, terrenos en los que se puede construir, aunque carentes de servicios básicos.

La urbanización, enclavada en la frontera sur de la Sierra Norte sevillana, no responde a dicha denominación: no hay red de alcantarillado, por lo que las casas tienen -en teoría- fosas sépticas para eliminar sus aguas fecales, y la inexistencia de abastecimiento de agua potable se suple con pozos, aunque no todos cuentan con autorización de la Confederación Hidrográfica.

La situación de ilegalidad absoluta no ha impedido que sí haya suministro eléctrico, pero tampoco son infrecuentes los enganches ilegales. Las calles, que siguen la trama de viejos caminos de uso agrícola, no están asfaltadas, aunque los vecinos cuentan, al menos, con servicio de recogida de basuras, lo que no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que nada de lo construido tiene licencia. "El proceso de regularización tiene que contar, principalmente, con el compromiso de los propietarios de asumir el coste de las obras de urbanización", afirma el alcalde, quien advierte que será la Junta la encargada de determinar "hasta dónde podemos legalizar". No en vano, hay varias sentencias en contra de algunos vecinos, que han recibido orden judicial de derribo.

Los propietarios están agrupados en una coordinadora cuyos portavoces asumen que cada cual tendrá que poner dinero de su bolsillo, asumiendo el papel de todo "promotor" de viviendas. "Es difícil mantener a todos unidos porque el proceso se ha demorado en el tiempo", afirma María Guedes, secretaria de la coordinadora.

Muchas casas presentan buen estado y están en aparentes condiciones de habitabilidad. Aunque Las Minas comenzó siendo un lugar de descanso temporal, ya hay quien ha fijado allí su residencia permanente. Los precios existentes hasta hace bien poco en el mercado inmobiliario y la actual crisis económica empujan a muchos a buscar un techo a bajo precio. Son estos últimos los más interesados en legalizar las casas, aunque cada una de las nueve zonas en que se divide la urbanización presenta un grado diferente de consolidación.

Tanto el alcalde como la representante vecinal apuntan que Las Minas no deja de ser, además de un quebradero de cabeza, una fuente de ingresos para las tiendas y otros negocios de Castilblanco cuya subsistencia depende en gran parte de las compras de sus vecinos. El precedente de la urbanización Sierra Norte, de 150 hectáreas de extensión, hace albergar esperanzas. No sin esfuerzos, el Ayuntamiento ha sacado adelante un plan parcial para lograr su legalización.