Emergencias

El Consorcio Provincial de Bomberos toma forma

  • Todos los ayuntamientos que se integren aportarán fondos, incluso los menores de 20.000 habitantes.

  • Sólo los bomberos que son funcionarios serán transferidos al ente y sus sueldos se equipararán.

  • No lo harán los bomberos voluntarios, que ahora suponen el 37% del sistema.

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La Diputación de Sevilla aprobó de forma inicial el 29 de diciembre los estatutos y el acta fundacional del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla, una de las mayores reformas organizativas en la prestación de un servicio –competencia local en las localidades con más de 20.000 vecinos y de la Diputación, en el resto– que se acomete en décadas en la provincia. Afectará a cientos de trabajadores y a todos los municipios. La documentación se ha remitido a los ayuntamientos, que deben aprobarla también en pleno. Dar plazos es complejo, pero se ha pedido a los que quieren entrar que solventen el trámite antes del 28 de febrero. El objetivo es que en marzo los textos salgan a exposición pública y las alegaciones se resuelvan en mayo, para poner fecha en este mismo año a la constitución de la junta general.

¿Qué cambios implicará para los ayuntamientos, los profesionales y los ciudadanos de la provincia el nuevo modelo organizativo? Son importantes. Los ayuntamientos que tienen parque propio y se integren deberán cederlo al consorcio, que presidirá la Diputación y contará con un gerente. También cederán a sus bomberos funcionarios que pasarán a tener un pagador, jefe y dirección únicos a diferencia de lo que ocurre ahora, que sólo están “coordinados”. Salvo excepciones, material y vehículos son ya propiedad de la Diputación incluso en los parques de municipios de más de 20.000 habitantes, porque los suministra al margen de la cantidad que subvenciona a cada parque, y pasarán también al ente.

Las condiciones del traspaso se fijarán en una comisión mixta con cada localidad que, entre otras cosas, debe negociar cómo se producirá la equiparación salarial del personal, bajo el principio de “mismo trabajo, mismo sueldo”. Fuentes del área de Servicios Supramunicipales que dirige la portavoz del gobierno, Trinidad Argota, señalan que hay diferencias de hasta el 25% en lo que cobran los profesionales de distintos parques, aunque estén coordinados en lo que ahora se denomina Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei). Se determinarán la subida anual y plazos para la equiparación o la congelación, en su caso, hasta que se llegue a un mismo nivel salarial y de derechos laborales. En esa negociación habrá representantes de los sindicatos, con el precedente de los traspasos a la Junta del personal de salud.

Bomberos de la provincia intervienen en el incendio de un almacén de fruta en Mairena del Alcor Bomberos de la provincia intervienen en el incendio de un almacén de fruta en Mairena del Alcor

Bomberos de la provincia intervienen en el incendio de un almacén de fruta en Mairena del Alcor / Juan Carlos Muñoz (Mairena del Alcor)

Esta integración afecta sólo a los bomberos funcionarios de la Diputación, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y de los parques municipales que entren en el consorcio. Son 260 trabajadores, el 63% del personal con el que ahora cuenta el Sepei. No serán transferidos al ente los llamados “bomberos voluntarios”, 156 personas o el 37% restante y que perciben dietas o “compensaciones por gastos” por servicios y que, en algunos casos, llevan años prestando. Hay varios que han denunciado para que se reconozca una relación laboral. La Diputación insiste en que sólo puede haber una vía de acceso al cuerpo de funcionarios e insta a este personal a opositar, “en competencia con el resto”.

Argota sí reconoce que, de forma transitoria y para no dejar desprotegidas algunas zonas de la provincia hasta que se aumente la plantilla, el consorcio sí tendrá que contar con voluntarios propios, una figura que prevé la ley, recuerda, aunque el peso del sistema no puede pivotar sobre ella, como venía ocurriendo en algunos parques municipales. Se regulará “con un reglamento propio”, avanza. 

El consorcio implicará la convocatoria nuevas plazas en varios ejercicios, atendiendo a los parámetros marcados por un estudio que se ha hecho para determinar cuántos bomberos hacen falta en cada comarca, según el tipo de emergencias que se dan ella, su gravedad y frecuencia. Son como mínimo 78 profesionales disponibles por turno en toda la provincia, lo que implica entre 350 y 400 en plantilla del consorcio frente a los 260 con los que arrancará sin los voluntarios, incluidas las 20 últimas plazas de funcionario con las que la Diputación ha reforzado los parques situados en torno a la A-92, uno de los objetivos del programa operativo para el Sepei de 2016, que se prorrogará este año.

Se ha marcado el objetivo de pasar de 260 profesionales a un mínimo de 350

En lo que respecta a cuánto tendrán que pagar los ayuntamientos que se integren, sólo habrá cambios en lo que aportan los menores de 20.000 vecinos y la propia Diputación. Los mayores de 20.000 abonarán durante los primeros seis años la misma cantidad que han destinado en 2016 al servicio directamente (es el caso de municipios como Alcalá de Guadaíra, La Rinconada o Los Palacios, entre otros) o a través de la Mancomunidad, como pasa en el Aljarafe, descontando la subvención que reciben de la Diputación. Ésta sí incrementará lo que pone durante los seis años: un millón y medio más por ejercicio, sin descartar otras subidas.

El mayor cambio en cuanto a la financiación será para las localidades menores de 20.000 habitantes que, hasta ahora y si no tenían parque propio no pagaban nada, ni por servicios básicos ni por los especiales, como retenes de feria. La Diputación los garantizaba. Si entran en el consorcio sí tendrán que pagar: un euro el primer año por cada inmueble que tengan y que pague IBI y dos euros a partir del segundo ejercicio. Pese a las reticencias que puede generar el desembolso, Trinidad Argota defiende que las localidades pequeñas deben participar en el consorcio y en la toma de decisiones que les afectan.

Porque, de cualquier forma, el consorcio supondrá cambios para los pequeños incluso cuando opten por no entrar. La Diputación, a través del consorcio, les seguirá garantizando los servicios esenciales, las emergencias, pero tendrán que empezar a pagar por otros, como los retenes de ferias y aglomeraciones. “La Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) obliga a los ayuntamientos a establecer la seguridad en estos casos”, recuerdan desde el área. En la actualidad, estos servicios especiales no se cobran pero para evitar agravios comparativos entre municipios que los tienen asegurados con su parque propio subvencionado por la Diputación y los que no lo tienen, pero su seguridad se cubre con esa estructura.

Se estima que hasta 2022 el consorcio manejará con esta fórmula un presupuesto aproximado de 158 millones de euros acumulados, de los que el 75,5% lo aportará la Diputación y el 22,37%, los municipios con más de 20.000 habitantes que se integren –de momento sólo Dos Hermanas ha descartado hacerlo, aunque ahora tampoco está en el Sepei y sólo recibe o da apoyo en caso de grandes emergencias, como el incendio de Ybarra– . El resto lo pondrán los más pequeños, bien directamente o a través de las tasas que empiecen a pagar. El consorcio también tendrá potestad para aprobar sus ordenanzas fiscales.

Argota ha avanzado que la puesta en marcha del ente no supondrá, en principio, el cierre de ninguno de los parques que existen ahora. Pero se tendrá que estudiar posiblemente el traslado de algunos hacia zonas más cercanas a carreteras o grandes vías de comunicación, con el objetivo de que no haya ninguna localidad a más  de 15 minutos de un equipo, una circunstancia que sí se da ahora en localidades periféricas de la Sierra Norte y la Sierra Sur de Sevilla

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