Exculpan al ex concejal del PP, Aureliano Lucas, del caso Camas tras la nulidad de las escuchas telefónicas

El ex concejal del PP de Castilleja de Guzmán (Sevilla) Aureliano Lucas ha sido exculpado del 'caso Camas' por el presunto intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo, una vez que el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por el PSOE, han solicitado el sobreseimiento de la causa sobre Lucas, después de que el pasado mes de mayo la Audiencia Provincial sevillana anulara las escuchas telefónicas del caso. No obstante, las acusaciones han mantenido los cargos contra los otros cuatro inculpados.

En este sentido, el letrado del ex concejal popular, Pedro Pérez, ha explicado a los periodistas, tras una comparecencia en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla en la que las acusaciones han concretado nuevamente las imputaciones tras la nulidad de las escuchas, que su cliente queda exculpado "porque sólo le afectaba una escucha que está anulada y que él ya había explicado". "El no tenía que haber sido imputado. Se han originado graves perjuicios", indicó el letrado, quien manifestó que están estudiando "tomar medidas legales" porque ya se ha demostrado que las escuchas fueron ilegales".

El siguiente paso tras la comparecencia de hoy, prevista en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, será que el juez instructor dicte un auto para decretar el sobreseimiento del caso --como han reclamado las defensas de los inculpados al entender que no quedan pruebas-- o la continuación de las actuaciones.

De otro lado, el letrado que representa los intereses del PSOE, Alfonso Martínez del Hoyo, mostró su desacuerdo con las tesis de las defensas porque el auto que anula las escuchas "no es una goma que borra la realidad, ya que hay pruebas que sirven para mantener la causa".

En caso de que el instructor estimen que el procedimiento debe continuar adelante, cada una de las partes tendrá que volver a formular los distintos escritos de acusación antes de que se dicte apertura de juicio oral para que el caso vuelva a la Audiencia Provincial de Sevilla, donde, en ese caso, se señalará un juicio con jurado popular.

"Estrategias para desbancar al alcalde"

El ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU) manifestó hoy que se esperaba la estrategia de implicación de las acusaciones "política-absurda". En este sentido, agregó que tras la nulidad de las escuchas "no quedan pruebas", por lo que insistió en señalar que "todo ha sido una conjura para desbancar al alcalde de Camas".

La noticia saltó a los medios de comunicación hace 26 meses a raíz de la detención e Antonio Enrique Fraile, entonces concejal del PP en el Ayuntamiento camero; José del Castillo, concejal adscrito al PA; y del empresario Eusebio Gaviño, todos ellos hoy imputados junto con el ex alcalde del municipio Agustín Pavón (IU), llamado a declarar a las pocas horas y que, aunque no quedó detenido, sí salió como imputado. También fue llamado con posterioridad Aureliano Lucas, concejal del PP en el momento de los hechos en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), quien resultó imputado en el caso.

Entre los últimos coletazos del caso destaca la citada nulidad de las escuchas. La Audiencia Provincial decretó nula la intervención del teléfono usado por el empresario Eusebio Gaviño al considerar que el auto que autorizaba dicha intervención ofrecía "un vacío total y absoluto de motivación", ya que en éste "no se consigna un solo indicio real que permitiera al juez una presunción razonable de los supuestos delitos" investigados.

El auto, al que tuvo acceso Europa Press, aclara no obstante que dicha nulidad "no implica el archivo de las actuaciones" pues existen distintas pruebas tales como la denuncia que destapó los hechos, grabaciones audiovisuales o declaraciones, entre otras, que "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad", de forma que el juez instructor, a quien la Audiencia devuelve las actuaciones, "dispone de material de investigación para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados".

Petición del fiscal y las acusaciones

En un primer momento, la Fiscalía formuló su escrito de acusación provisional por el que solicita un año y medio de prisión para los cinco acusados, además de una multa de 24.000 euros --el doble que la cifra del presunto soborno-- y el mismo período de inhabilitación especial para cargo público por un presunto delito de cohecho.

El fiscal consideraba que los cinco imputados participaron en un presunto intento de soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo, quien denunció los hechos, con 12.000 euros para que votara a favor de determinados puntos del Pleno del Ayuntamiento celebrado el 13 de septiembre de 2005.

De igual modo, la acusación popular, ejercida por el PSOE, reclama un año y seis meses de prisión, cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y una multa de 36.000 euros por un presunto delito de cohecho para cada uno de ellos.

En cambio, las defensas de los acusados reclaman la libre absolución, centrándose básicamente en el hecho de que "no existen pruebas que confirmen el soborno", entendiendo que hubo un acercamiento político, pero que "en ningún caso" existió el cohecho del que son acusados. En el caso de Gaviño, la defensa recuerda las declaraciones del mismo --en las que aseguraba que el dinero que entregó al militante de UI Francisco Gordo, uno de los denunciantes, era por un asunto comercial-- y alega además que "ha sido objeto de un engaño".