Fraude en el Consorcio Estepa-Sierra Sur

La Fiscalía, IU y el PP recurren el archivo de la causa contra el alcalde de Casariche

  • La Fiscalía e IU coinciden en que, como presidente con dedicación exclusiva y alcalde, no puede alegar que ignoraba los procedimientos

  • En las apelaciones se insiste en que su firma fue "decisiva" para los delitos con un perjuicio para el ente público de 1,8 millones de euros

La planta de tratamiento del Consorcio Estepa-Sierra Sur.

La planta de tratamiento del Consorcio Estepa-Sierra Sur. / Víctor Rodríguez

La decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa de dejar fuera de la causa por el presunto fraude en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur al presidente de 2014 a 2019 y alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, considerando que "todo lo más, habría existido una suerte de favorecimiento involuntario, o incluso ingenuo" por su parte para la comisión de los delitos, se ha topado con la oposición de varias partes personadas. Han presentando recursos contra ese archivo provisional la propia Fiscalía, IU y el PP. 

Especialmente contundentes son los escritos de la fiscal y la acusación de IU. El Ministerio Público recuerda las atribuciones del presidente, que son las mismas que para un alcalde en un ayuntamiento y que la firma de Carrión nunca fue algo menor, sino "el último acto decisivo" para que los presuntos delitos se cometieran, con la contratación sin procedimiento alguno de una empresa, en concreto Magno Ambiental del Levante, controlada por el secretario-interventor y el jefe de planta.

Además, resta importancia a los resultados de la prueba pericial caligráfica, que cuestionan la autenticidad de la firma de Carrión en los contratos y en un certificado, porque él mismo "nunca cuestionó la participación en los contratos ni la autenticidad de ninguna de las firmas (...)".

Su "pasividad" provocó un "funcionamiento anormal de la administración"

"No puede admitirse la ausencia de responsabilidad so pretexto de la confianza depositada en la gestión del secretario-interventor, teniendo en cuenta la posición y responsabilidad del cargo que ostentaba", incide, y recuerda que como alcalde se presupone "conocedor de los procedimientos legales para la adjudicación de contratos" y que omitió "todo control o seguimiento de la tramitación debida sin presentar a la Junta General o al Consejo Rector las iniciativas que son de interés para el consorcio".

Así, defiende que la actuación de Basilio Carrión fue "esencial para la comisión de los hechos y de todos los delitos investigados" -prevaricación, malversación y fraudes y exacciones ilegales- como "cooperador necesario".

Hubo una "pasividad y desatención del deber de control total que provocó el funcionamiento anormal de la administración", asevera, y recuerda, como también hace IU, que está pendiente de investigación el contrato con la Mancomunidad de la Sierra Sur del que también se benefició Magno, y que, además, no es el momento procesal para este archivo.

"Aún siendo ingenuo está obligado a saber"

En el recurso de reposición de IU se pone de relieve que la "ocupación del cargo implica el mínimo conocimiento y capacidad de discernir" y que un presidente "aún siendo ingenuo está obligado a conocer". "El dejar hacer equivale a que autorizaba y eso debe tener una prochabilidad penal", subraya, relacionando los argumentos que se dan para archivar las actuaciones contra él con el concepto del "tonto útil".

Recuerda además, que Basilio Carrión es diplomado universitario y ejerce de alcalde desde 2011: "No puede admitirse desde la óptica cognitiva que conociera y supiera la obligatoriedad de los procedimientos en su municipio" y no "tuviere la certeza" de que hay que seguirlos en otras administraciones. Además, gozaba de dedicación exclusiva al Consorcio, lo que le obligaba a "un plus de atención. IU alega que sí hubo una "cooperación omisiva" por haber omitido su obligación como "garante" en el Consorcio, que sufrió un perjuicio económico por más de 1,8 millones de euros.

Como hace también la Fiscalía, el escrito de IU recuerda que no se ha tenido en cuenta el informe de la Udef del pasado 29 de enero, en el que se analiza un contrato con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur y el Consorcio presidido por Carrión, del que también se benefició Magno, hechos que todavía no han sido investigados judicialmente.

Por su parte, el PP basa su recurso en que no es el momento de un sobreseimiento, que requeriría una "análisis pormenorizado " y en "en su conjunto" no con respecto a un sólo investigado, como es el caso.

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