La Fiscalía denuncia a un propietario que dividió una finca en 179 parcelas

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha denunciado a un propietario de una finca de olivar de Carmona, denominada Las Loberas o Siegaliebres, por haber realizado obras de parcelación y dividir una extensión de 180.310 metros cuadrados de un terreno clasificado como rústico en 179 pequeñas parcelas de 1.000 metros cuadrados.

La actuación del Ministerio Público ha ido acompañada de la presentación de medio centenar de querellas contra las personas que adquirieron estas parcelas y procedieron a construir viviendas en estos terrenos, aunque estos procedimientos penales se resolverán a nivel individual.

En la querella presentada contra el propietario de la finca, D. G. D., se incluye al representante legal de una sociedad a través de la cual se realizaron las obras que permitieron suministrar "irregularmente" la electricidad a cada uno de los parcelistas.

La Fiscalía de Medio Ambiente señala que el paraje en el que está enclavada la finca está clasificado como suelo no urbanizable de "especial protección para acuíferos" y además las obras de urbanización realizadas en la misma no eran legalizables o autorizables de acuerdo con las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico de Carmona. También estaban prohibidas porque no se puede hacer divisiones en suelo rústico formando parcelas con una extensión por debajo de la unidad mínima de cultivo y por las obras posteriores que realizaron para dotar a la urbanización de suministros de agua y luz, así como de viales y vallados.

Las obras para dividir la finca en 179 parcelas de 1.000 metros cuadrados comenzaron en noviembre de 2008, aunque la finca fue adquirida por D. G. D. en febrero de 2006. La finalidad buscada al hacer las pequeñas parcelas, precisa la Fiscalía, no era otra que "venderlas a particulares para que éstos pudieran alzar edificaciones privadas incompatibles con el planeamiento urbanístico municipal".

Dentro de las labores que se atribuyen al propietario y al representante legal de la empresa que suministró la electricidad a las parcelas se incluye el desbrozado de la zona, la retirada de los olivos existentes y la subdivisión en parcelas con vallas metálicas. Además, habilitaron tres entradas metálicas a la finca y construyeron cinco viales de tierra compactada, a modo de calles, para el tránsito de los vehículos por el interior de la finca. Como culminación de las obras de urbanización, levantaron pozos de obra con maquinaria de extracción electrónica y llevaron una toma de agua a cada subparcela por conducciones soterradas.

El Ayuntamiento de Carmona incoó varios expedientes de protección de la legalidad urbanística y en febrero de 2009 levantó un acta de paralización de las obras y practicó su precinto. Según la querella de la Fiscalía, los denunciados vulneraron el precinto hasta en tres ocasiones, además de "obstaculizar notablemente las labores de inspección urbanística". Las obras de construcción de la urbanización finalizaron en mayo de 2009.

La querella de la Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia a la autoridad, por lo que ha pedido al juzgado de Carmona que cite a declarar como imputados a ambos y que se adopten una serie de medidas cautelares.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido en concreto al juez que acuerde la paralización inmediata y el precinto de todas las obras de urbanización, "con requerimiento judicial" del posible quebrantamiento de la medida cautelar. Esta solicitud por parte del fiscal de Medio Ambiente se produce "en aras a garantizar el bien jurídico protegido por la norma y que no se consolide el daño, así como para evitar el progreso de las edificaciones ilegales que inevitablemente darán lugar a nuevos procesos penales", advierte el representante del Ministerio Público.