Los municipios sevillanos conocen ya la cantidad de dinero -en la tabla adjunta- que en función de su población recibirán en 2010 con la nueva edición del plan del Gobierno central para amortiguar el desempleo a base de obra pública. Se trata del Plan 5.000, por los millones que se destinarán en el conjunto del país al programa, y que supondrá en la provincia la inyección de más de 202 millones de euros, menos que en el plan actual (327), pero que traerán consigo algunas novedades. La más destacada es que los ayuntamientos podrán destinar hasta un 20% del presupuesto que les toque a programas de actuación social de competencia municipal, una cantidad que podría llegar a ser de algo más de 40 millones en el conjunto de la provincia si la medida se generaliza, algo nada extraño dadas las estrecheces económicas que la mayoría de los consistorios sevillanos sufren en su gestión cotidiana.

Según se ha fijado en el Real Decreto por el que se crea el nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local -en su nueva acepción-, dichos gastos sociales son los referentes a educación, dependencia, servicios sociales, promoción e inserción social y deben estar previstos como condición en el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el año 2010.

Es una de las novedades, pero no la única, de un programa que -frente al zafarrancho de obras en calles y plazas del Plan 8.000- pretende impulsar otro tipo de actuaciones e infraestructuras. Los municipios pequeños, cuya población no supere los 2.000 habitantes -14 en la provincia de Sevilla- son los únicos que podrán presentar obras de mejora de redes viarias, adecuación, rehabilitación o regeneración de espacios públicos urbanos.

El resto tendrá que quebrarse la cabeza para presentar otro tipo de proyectos enfocados al desarrollo local, las nuevas tecnologías y el medio ambiente. Eso sí, frente los 45 días que tuvieron el año pasado, esta vez contarán con tres meses desde que se publique en el BOE la resolución con el modelo de solicitud y las condiciones de tramitación en los próximos días.

En cuanto a las obras que pueden incluirse en el programa, son todas aquellas relacionadas con la promoción de la actividad económica (parques empresariales, viveros de empresas); que tengan que ver con el acceso a las redes e infraestructuras de las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones fijas y móviles y a su utilización.

También las que favorezcan el ahorro energético y la utilización de energías renovables; el ahorro y la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y el abastecimiento y depuración de agua; la movilidad sostenible urbana y los medios de transporte menos contaminantes; la mejora de la gestión y tratamiento de residuos; la recuperación y conservación de espacios naturales; la prevención de incendios; la construcción y mejora de centros educativos, sociales, sanitarios, culturales o deportivos; o la protección del patrimonio histórico y paisajístico, entre otras.

Atendiendo a lo que pidieron los municipios, esta vez se podrá destinar parte del presupuesto al pago de la redacción del proyecto y la dirección de obra e incluso a la adquisición de equipos y sistemas de telecomunicaciones, hasta un determinado límite presupuestario.

Se trata pues de un programa que, en apariencia, prima actuaciones de mayor envergadura que el anterior, algo que se había reclamado desde la propia patronal sevillana de la construcción, Gaesco, para favorecer los contratos más estables y los empleos más especializados y era una intención, también, de muchos gobiernos locales de la provincia que -por la premura con la que tuvieron que presentar proyectos- no pudieron abordar proyectos de calado en la edición anterior. Teniendo en cuenta que el objetivo del plan es amortiguar el desempleo y el parón en el sector de la construcción, de nuevo en la adjudicación de las obras se deben tener en cuenta las ofertas que creen nuevos empleos, con contrataciones siempre a través de los servicios públicos y en las que -como novedad del Plan 5.000- se primará a los parados de larga duración, es decir, a los que lleven más de 12 meses sin trabajar.