El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer autorizar a la Agencia de Obra Pública de la Junta a resolver el contrato del tranvía de Alcalá de Guadaíra del tramo último tramo: Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico, por la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses, para lo que tendrá que abonar 2,3 millones a la UTE adjudicataria Comsa-Martín Casillas.

El importe de la obra ejecutado hasta la suspensión de las obras en marzo de 2018 era de 27.664.415 euros, lo que representa una ejecución del 82,87% y un porcentaje sobre el proyecto modificado (sin talleres y cocheras) del 99,79%

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, señaló que el pago de esta indemnización supone “enfrentarse de nuevo a otro de los socavones dejados por el gobierno socialista” y teme que “no sea el último”. Según Bendodo, el anterior gobierno andaluz dejó de pagar “sin motivo” y la UTE reclamó el fin del contrato. “Es lo que pasa cuando no se paga en tiempo y forma”, advirtió.

De los 2,3 millones que se pagan, van a resolver el contrato y a liquidar la obra 741.503 euros, más 1.377.760 euros por la revisión de precios y una indemnización por lucro cesante de 236.144 euros.

La intención de la Consejería de Fomento es resolver el contrato, a petición de la empresa, “tras el parón de más de ocho meses, e impulsar esta infraestructura”. Para ello, los presupuestos andaluces de 2020 destinan 10,4 millones de euros al tranvía de Alcalá que servirán para pagar lo que se debe a la UTE constructora y para poner en marcha medidas de emergencia, una cantidad que Bendodo entiende que se podría haber dedicado a “otras actuaciones” si esta obra se hubiera realizado en tiempo y forma.

El objetivo de esos 2,3 millones es doble: la reparación de todo lo dañado tras años de abandono y reforzar las medidas de vigilancia para que no se vuelvan a darse actos vandálicos ni robos

El objetivo de esos 2,3 millones es doble: la reparación de todo lo dañado tras años de abandono y reforzar las medidas de vigilancia para que no se vuelvan a darse actos vandálicos ni robos.

Bendodo explicó que el día 2 de marzo de 2018 (con el Gobierno anterior), la Agencia de Obra Pública de la Junta procedió a la suspensión temporal total de la obra y el 16 de noviembre de ese mismo año la UTE Comsa-Martín Casillas solicitó la resolución del contrato al amparo del artículo 207 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

El importe de la obra ejecutado hasta ese momento del tramo Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico era de 27.664.415 euros, lo que representa una ejecución del 82,87% y un porcentaje sobre el proyecto modificado número dos (sin talleres y cocheras) del 99,79%.

El contrato para realizar estas obras se formalizó el 15 de febrero de 2010 entre Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (la actual Agencia de Obra Pública) y la UTE Martín Casillas-Comsa por 32.138.929 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

El 11 de marzo de 2010 se ordenó el inicio de los trabajos, pero, debido a la reprogramación de anualidades, se hizo necesaria la firma de una adenda (número 1) al contrato el 8 de febrero de 2011 y se estableció nuevo plazo de ejecución en 45 meses.

Cambios sucesivos de disponibilidad presupuestaria  

Debido a los “cambios sucesivos de disponibilidad presupuestaria en la Consejería” se aprobó la suspensión temporal de las obras en diciembre de 2011 y se levantó el 28 de abril de 2015. El 3 de junio de 2016 se formalizó la adenda número tres al contrato y se aprobó el reajuste de anualidades y la ampliación de plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2017.

El 10 de mayo de 2017 se autorizó la redacción del proyecto modificado número dos y la continuidad del contrato de obras, en el que se suprime la partida económica asociada a la construcción de los talleres y cocheras. El 16 de noviembre de 2018 la agencia recibe un comunicado de la UTE en el que se insta la resolución del contrato de obra. La resolución viene avalada por un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano asesor de la Junta.