El juez archiva otra denuncia contra el alcalde de Espartinas por dar una licencia

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y Makro firmaron ayer un convenio para colaborar en el proceso de selección y formación del personal que integrará la plantilla del centro que la compañía abrirá próximamente en este municipio. Según un comunicado del Ayuntamiento, ambas partes muestran "su compromiso por la creación de empleo y por el desarrollo económico, sostenible y social de la localidad". El convenio lo firmaron Pilar Oncins, directora de Recursos Humanos de Makro, y María José Borge, concejal de Políticas Estratégicas.

La Guardia Civil de Las Cabezas de San Juan ha imputado a una joven, J. C. F., como autora de un delito de daños, al quemar un vehículo propiedad de la pareja de su ex novio, lo que causó daños en las viviendas cercanas al lugar donde se produjo el incendio. Según informó ayer el instituto armado, ante lo aparatoso del incendio, los agentes evacuaron a varias personas al estar en peligro la integridad de los vecinos, ya que se registraron varias explosiones.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sanlúcar la Mayor ha archivado otra denuncia del PSOE contra el alcalde de Espartinas, Domingo Salado (PP), en relación con la concesión de una licencia para la apertura de un vivero en la localidad.

La denuncia se dirigía también contra los concejales Javier Jiménez, Juan Pedro Corrales, Antonio Salado y María del Carmen Fernández, así contra el aparejador del Consistorio, pero el juez ha entendido que los hechos no son constitutivos de delito.

En el auto de archivo, el magistrado Pedro Márquez Rubio señala que hasta que se produjo la declaración de alguno de los imputados "podían existir dudas respecto de la actuación dolosa de los imputados sobre la concesión de licencias contrarias a derecho". Sin embargo, la documentación aportada por uno de los imputados "impide considerar acreditada la presencia de ánimo directo o indirecto en los imputados de actuar contra legem".

El abogado Manuel Salinero, del bufete RZS, se mostró ayer "realmente satisfecho con el resultado y con que haya quedado fuera por completo toda esa estrategia que montaron de usar los tribunales de forma injustificada".

El archivo de esta denuncia se suma a la que se produjo en abril pasado, cuando el juzgado número 3 sobreseyó otra causa relacionada con delitos de prevaricación, falsedad y malversación de caudales por diversos pagos efectuados a la sociedad Dieluz y al monasterio de Loreto.