La juez aplaza sine díe la declaración del alcalde de La Algaba por el escándalo de las grabaciones

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha aplazado este jueves sine díe la declaración del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), en calidad de investigado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tras haber reconocido en unas grabación que concedió un contrato al padre de una militante socialista porque le "salió de la polla".

La instructora decidió aplazar la declaración del regidor y las otras comparecencias previstas porque, entre otros motivos, no se han facilitado copias de las actuaciones a la Diputación de Sevilla, que ejerce la acusación particular, y porque además la magistrada ha dado un plazo de cinco días a IU para que preste la fianza de 1.000 euros que se le ha impuesto para ejercer la acusación popular.

En el auto en el que citó a declarar como investigado al alcalde, la juez afirmó que, en el estado actual de la presente investigación y sin prejuicio de lo que pudiera acordarse, "se aprecian indicios de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con relación a la adjudicación para la adquisición de dotación y equipamientos y bienes inventariables correspondientes al año 2010", por la que se adquirieron diez carros de basureros y un equipo de baldeo móvil.

De la investigación efectuada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la instructora señaló que se desprende que la contratación "pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa de la que eran titulares las hermanas Cano Gallardo, tras haberlo ofrecido verbalmente al padre de éstas, aun suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento, tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación que dio inicio a la presente investigación".

En esa grabación, que data del año 2012, el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, aseguraba que concedió un contrato al padre de una compañera de partido porque le "salió de la polla", si bien cuando saltó el escándalo el regidor defendió que no amañó ningún contrato y achacó la grabación a una "trama-trampa" la grabación. Según Agüera, fueron unas "desafortunadas" palabras que pronunció en tono de "vacileo". En la grabación se recoge una conversación con una compañera socialista en la que el alcalde reconoce supuestas irregularidades en al menos dos adjudicaciones, con frases como: "Aquí se está a los pies del PSOE", "se le dio porque me salió a mí de la polla" o "hay más de cuarenta empresas y se la di a tu padre".

La instructora argumenta ahora que cuestiones como la "inmediatez" con la que se amplía el objeto social de la entidad Materiales de Construcción Romecan -el hecho de que se le ofreciera antes cuando su objeto social no incluía esta materia-, así como "las irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación", obligan a citar al alcalde en calidad de investigado por los delitos mencionados. En el auto, la juez también imputó a otras tres personas relacionadas con este contrato: las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, y Fernando Tirado Díaz, cuyas declaración también ha quedado aplazado.

Nulidad de la grabación

De otro lado, la Audiencia aún no se ha pronunciado sobre la petición de la defensa del alcalde para que se anule la grabación por la que ha sido imputado por delitos de prevaricación y malversación, tras haber reconocido en esa conversación que concedió un contrato al padre de una militante socialista porque le "salió de la polla".

El abogado Juan Silva de los Reyes, que representa al regidor, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia en el que asegura que esa escucha fue obtenida violentando su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por cuanto la misma habría sido "sustraída" de un teléfono móvil, además de transgredir su derecho a "guardar silencio y a no declarar contra sí mismo".

La defensa argumenta que la grabación fue realizada por una de las hermanas Cano Gallardo, que no deseaba en ningún momento "hacer uso ni difundirla", dejándola en un móvil guardado en una vivienda suya. Cuando se divorció, esa vivienda correspondió a su ex marido y la grabación fue "sustraída de la esfera de la señora Cano Gallardo y como consecuencia de ello la conversación llega a manos del denunciante, quien curiosamente mantiene graves controversias judiciales" con el alcalde, y es quien "no se conforma con aportar la grabación junto con la denuncia sino que es difundida por todos los medios de comunicación a nivel nacional, causando un grave perjuicio a la imagen pública" de Diego Agüera. Se trata, según la defensa, de una "prueba ilícita", porque al acto de la grabación le sigue la "sustracción a su legítima propietaria y es difundida por terceros ajenos a los interlocutores, dándole un uso subrepticio".