Seis de cada diez delitos que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla se corresponden con infracciones urbanísticas, en su mayor parte por la proliferación de construcciones y urbanizaciones irregulares. Desde que se creó en 2005 la sección especial de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en el Ministerio Público, se han investigado 1.185 asuntos, de los cuales 728 son por delitos urbanísticos, 436 relacionados con el Medio Ambiente -por ejemplo los incendios forestales-, y sólo se han desarrollado 21 investigaciones por delitos contra el patrimonio histórico.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2007 advierte que de persistir "la avalancha" de asuntos urbanísticos que se han registrado en Sevilla en los últimos dos años se corre el riesgo de que los fiscales especialistas se dediquen exclusivamente a "este tipo de delincuencia urbanística y no de otras cuestiones medioambientales stricto sensu, por la monopolización de sus medios humanos y materiales en la persecución de los delitos sobre la ordenación del territorio". Aunque el año pasado se produjo un leve descenso del número de delitos urbanísticos, la proporción sigue siendo elevada. El fiscal delegado de Medio Ambiente de Sevilla, Javier Rufino, recoge en la memoria que si bien se ha logrado un "eficaz" sistema de coordinación entre los cuatro fiscales que integran actualmente la sección, es "absolutamente necesario aumentar los medios y el número de funcionarios como única forma de garantizar la efectividad del sistema organizativo".

Entre las carencias, los fiscales denuncian que en estos momentos no cuentan con técnicos y peritos a su disposición, algo que contraviene lo previsto en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

En cuanto a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Administraciones públicas, la Fiscalía hispalense destaca las "buenas relaciones" con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y las unidades de urbanismo de la Guardia Civil, así como con la Consejería de Obras Pública de la Junta y las delegaciones de Cultura en lo que se refiere a los asuntos de ordenación del territorio o protección de parajes.

Una investigación realizada por el Seprona entre enero de 2005 y septiembre de 2006 detectó la existencia de 1.400 construcciones ilegales en la provincia. Esta cifra supone casi la mitad del total de las edificaciones irregulares contabilizadas en Andalucía, donde se registraron 3.343 construcciones ilegales, lo que da una muestra del problema. La investigación se llevó a cabo en 21 municipios sevillanos, donde había 309 parcelaciones ilegales.