El plan de inspección extraordinario que la Dirección General del Catastro emprendió en 2013, para intentar hacer aflorar las ampliaciones o divisiones de viviendas que no se han declarado a efectos fiscales u otras construcciones que no constan, sigue extendiéndose. Está previsto que de aquí a 2016 se revisen prácticamente los ayuntamientos de todo el país. Y, en Sevilla, ya son casi 40 las localidades en las que los inspectores están trabajando sobre el terreno.

A los 19 municipios en los que arrancaron los trabajos desde finales de 2013, se ha sumado otra veintena que se han ido incluyendo en distintas resoluciones que el Catastro ha publicado en el Boletín Oficial del Estado en lo que va de 2014. En marzo, entraron en el plan municipios metropolitanos como Bormujos, Camas, Castilleja de la Cuesta y Olivares, junto a los de Alanís de la Sierra, Alcalá del Río, Arahal, Brenes, Burguillos, Las Cabezas de San Juan, Guadalcanal, La Puebla de Cazalla, El Rubio y Villamanrique de la Condesa.

En junio, una nueva orden, publicada el día 16, dio pie para que esos trabajos se iniciaran también en Almensilla, Benacazón, Casariche, Espartinas, Las Navas de la Concepción, Pruna, La Puebla de los Infantes, Salteras, San Nicolás del Puerto y Villanueva de San Juan. La última resolución es de hace apenas unos días, se publicó el pasado 7 de julio, y ha incluido a Écija y Carmona, que suman cerca de cien mil vecinos, junto a Aznalcázar, Pilas y El Saucejo.

Estos municipios se unen a otros en los que los trabajos estaban ya avanzados, como Morón de la Frontera, donde los inspectores detectaron diferencias entre lo que consta en el Catastro y lo que existe realmente en más de 800 inmuebles rústicos y urbanos, aunque en algunos casos el propio Ayuntamiento advirtió que había errores y ha estado asesorando a los vecinos a la hora de presentar alegaciones. También fueron de los primeros Alcolea del Río, Castilleja de Guzmán, Gelves, Sanlúcar la Mayor y Osuna.

Fuentes de este último Ayuntamiento explicaron que, en su caso, hay un millar de propietarios, aproximadamente, que han recibido notificaciones. Ello supone aproximadamente el 10% de las altas que se tenían hasta ahora en la contribución. Al menos un centenar han presentado alegaciones y están a la espera de una respuesta definitiva. Igualmente, en este caso el Ayuntamiento ha facilitado planos y otros aspectos para que los vecinos tramiten esas reclamaciones.

En lo que respecta a la rústica, además de ampliaciones o modificaciones en casas que ya existían, este proceso ha ayudado a detectar y a que comiencen también a tributar otro tipo de construcciones, conocidas como "edificaciones indispensables" para la agricultura que, hasta ahora, no pagan contribución rústica en este caso, pero que por una resolución del Ministerio de Hacienda tendrán que hacerlo: se trata de balsas, pozos y naves de aperos, según precisaron las mismas fuentes, que suponen buena parte de las 250 notificaciones vinculadas con zonas rústicas que se han notificado en Osuna.

Según aclararon en su día fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de que depende el Catastro, este plan extraordinario de regularización se aprobó con los Presupuestos Generales de 2013 y va en la línea de otras iniciativas de "lucha contra el fraude". Con las inspecciones se pretenden hacer aflorar y regularizar las construcciones que, bien porque han sido objeto de ampliaciones, de división horizontal o de otros cambios, lo que consta y tributan no se corresponde con la realidad de los mismos. Se buscan ingresos nuevos, en definitiva, pero esta vez haciendo o intentando que todos paguen de forma equitativa.

En los trabajos, que duran unos siete meses, se están utilizando bases de datos, pero, sobre todo fotografías aéreas y, en un momento dado, también pueden hacerse visitas a los inmuebles. No obstante y según los ayuntamientos consultados, el principal soporte de las inspecciones están siendo esas fotos aéreas. Los vecinos a los que les llega la notificación tienen 15 días para alegar. Si no lo hacen o si se les deniegan sus reclamaciones, además de adecuar el valor catastral de su inmueble, deben abonar una tasa de 60 euros por el cambio, que está sirviendo para pagar a la empresa a la que el Ministerio de Hacienda ha contratado para realizar los trabajos de este plan extraordinario de regularización.

A efectos de recaudación, está previsto que el incremento se deje notar, tanto en las cuentas del Estado como en la de los respectivos ayuntamientos, a partir de 2015. Este plan se une a otras medidas que sí afectan a todos los propietarios, como revisiones de los valores catastrales o subidas excepcionales, que se han ido realizando estos años.