Las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Tomares, PSOE, PA e IU-CA, han elevado este viernes a la Fiscalía de la Audiencia Provincial la anunciada denuncia por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra el alcalde y secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, y su primer teniente de alcalde, Eloy Carmona, a cuenta de la factura cargada a las arcas municipales con el PP de Andalucía como cliente. Mientras el Gobierno municipal de Tomares atribuye la factura a una "cadena de errores", las fuerzas de oposición reprochan al alcalde que no dé "la cara" y reclaman su dimisión y la de Eloy Carmona.

Alberto Mercado en nombre del PA, Rosa Rúa en nombre del PSOE y María Valme Sánchez en nombre de IU-CA, así, han explicado que son denunciados "los hechos" y sus supuestos "responsables", recordando que el propio Eloy Carmona es quien "firma" la factura que sustenta la denuncia. "Hemos pedido una comisión, un pleno extraordinario, pero José Luis Sanz no da la cara y nos obliga a acudir a la Fiscalía", ha manifestado Alberto Mercado.

Rosa Rúa, de su lado, ha reclamado la dimisión de José Luis Sanz y Eloy Carmona, avisando de que éste último "aseguraba que no había facturas del PP con cargo al Ayuntamiento y es él mismo el que firma esta factura". La concejal de IU-CA, por su parte, ha señalado el resto de facturas incluidas en la polémica y ha explicado que ella misma ha reclamado "explicaciones" al interventor sobre la factura concreta elaborada a nombre del PP de Andalucía, dado que el Gobierno municipal atribuye el asunto a una "cadena de errores" protagonizada por el establecimiento que elaboró la factura y el propio interventor, quien habría incurrido entonces en un fallo en su labor de fiscalización.

El papel del interventor

Al punto, Alberto Mercado ha puesto de manifiesto que dada la "gratificación mensual de cerca de 600 euros" que recibe el interventor, "no sabemos si existe una complicidad real" en los hechos por parte de este alto funcionario del Ayuntamiento, considerando así contradictorio que el Ayuntamiento "gratifique" al interventor y a la vez le "culpe" de este asunto. Finalmente, los concejales de la oposición han recordado las acciones judiciales emprendidas también por todos ellos a cuenta de nueve contrataciones del Ayuntamiento que, en algunos casos, tienen como beneficiarias a personas relacionadas con el PP.

De cualquier modo, han defendido que el asunto ha sido elevado a la Fiscalía como consecuencia de la decisión del Gobierno municipal del PP de "esconder la cabeza bajo el suelo" y no dar supuestamente explicaciones. Han manifestado, por último, sus sospechas en cuanto al resto de facturas incluidas en las cuentas generales del Ayuntamiento, acusando en este sentido al Gobierno municipal de obstaculizar el acceso a dicha documentación.