La acusación particular ha solicitado tres años de inhabilitación para ejercer cualquier empleo en centro educativo en general y de enseñanza para el director y la responsable de admisión del colegio privado Yago School de Castilleja de la Cuesta por negarse supuestamente a admitir al hijo de una pareja gay. En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, la abogada Yolanda Hervás pide para cada uno de los imputados tres años de inhabilitación por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 512 del Código Penal, mientras que también solicita que el colegio pague una multa de 30.000 euros como responsable de los hechos.

La letrada relata en su escrito que en septiembre de 2011 los padres del menor se pusieron en contacto por correo electrónico con la responsable de admisión para la reserva de plazas. En ese momento le comunicaron que eran familia homoparental. La acusada les dijo que "tenían un buen número de hermanos de alumnos que ya cursaban sus estudios en el centro y que se pusieran en contacto de nuevo en septiembre de 2012 por si había alguna renuncia", por lo que en febrero de 2012, con el plazo de matrícula ya abierto, los afectados contactaron con el colegio.

En ese momento la acusada les mandó un correo "en el que se afirma que no quedaban plazas para el curso de infantil de 3 años, que estaba completo", una negativa que "se mantuvo" tras una entrevista personal con la acusada en las dependencias del centro. No obstante, en febrero de 2012 llamaron dos madres al colegio para saber si existían plazas en el curso de 3 años y "a ambas le afirman que sí existen", a lo que se suma que, a través del servicio de Inspección de Educación de la Delegación Provincial de Sevilla, "se ha podido constatar que se inscribieron 16 niños para el curso de 3 años del curso escolar 2012/13, y ello sin tener hermanos en el centro o recomendación alguna de padres de alumnos del centro".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla procesó a los dos acusados al considerar que existen "motivos suficientes" para atribuirles un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas en la Constitución española.