DIRECTO Madrugá Sevilla en directo | Semana Santa 2024

Previsión El tiempo en Sevilla para este Viernes Santo

caso aznalcóllar

La juez plantea imputar a los otros seis miembros de la mesa de contratación

  • Encarga a la UCO de la Guardia Civil un informe sobre el "papel real" desempeñado por Minorbis en el concurso de la mina

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha planteado la imputación de los otros seis miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación que participó en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, y para ello ha solicitado a la Fiscalía de Sevilla y a las acusaciones personadas -Emerita, Ecologistas en Acción y el sindicato Manos Limpias- para que se pronuncien sobre los extremos sobre los cuales se "proponga la citación como investigados" de estos técnicos.

La juez responde de esta forma al auto de la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya que el pasado 20 de octubre acordó la reapertura de la causa y la práctica de una serie de diligencias, al estimar que en el concurso público se aprecian "ilegalidades severas y arbitrarias".

En el auto dictado ahora, que tiene fecha del 31 de octubre, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha decidido encargar igualmente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -la misma con la que Alaya colaboró estrechamente en la investigación de las macrocausas- que investigue y realice un informe completo sobre el "papel real" desempeñado por la entidad Minorbis y las "circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales -desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación- para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración". La juez quiere que la Guardia Civil detalle en ese informe la "intervención real en el concurso y adjudicación de Minorbis, ante la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el presente concurso como mero intermediario, para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada absolutamente por una filial de Grupo México" y si Minorbis disponía o no de medios personales, económicos y materiales para asumir el pago de unos honorarios por importe de 1,2 millones. A este montante habría que sumar, prosigue la juez, la cantidad que Grupo México se compromete a reembolsar a Minorbis en concepto de gastos razonables, en los que habría incurrido directamente relacionados con el impulso y desarrollo del proyecto por importe de otro millón de euros y que sería pagadero en el plazo de 30 días contra la presentación de los documentos justificativos, precisa el auto.

Esta investigación, continúa, debe enmarcarse con el dato del "control absoluto de Minera Los Frailes por parte de AMC Minning Iberia (Grupo México), "donde sólo ha quedado una exigua participación social de Minorbis sujeta a todo tipo de obligaciones y garantías: prenda, opción de compra, pérdida de la condición de socio, incluso un derecho de tanteo sobre posibles terceros adquirientes de participaciones de Minorbis".

La juez señala que una vez que la UCO complete esta investigación se resolverá si procede la declaración como "investigados" de los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de Minorbis.

En el auto, la juez también solicita al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas que se pronuncien sobre la declaración de "complejidad" de la causa, lo que permitiría ampliar la investigación a 18 meses, y también requiere a la Dirección General de Industria, Energía y Minas que aporte la resolución de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en la que se autoriza la exploración de la reserva por Minera Los Frailes, de 3 de junio de 2016. También solicita que se informe sobre el "estado y circunstancias concretas en las que se encuentran actualmente las actividades de exploración de haberse iniciado".

Sobre el acuerdo de la Audiencia para que se volviera a solicitar un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la juez Patricia Fernández explica que esta prueba ya se practicó y fue recibida por el juzgado, por lo que debe considerarse que la misma fue "cumplimentada en los términos interesados en su día, sin perjuicio de que pueda solicitarse expresamente, la aclaración o ratificación de la misma si fuera necesario", aunque la magistrada matiza que el autor del informe, Pastor Turullols, está en situación de cese/jubilación, y que el mismo se emitió a "petición de empresas o particulares, no constando que hubiese un pronunciamiento oficial del organismo regulador de la cuenca".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios