Un 'pocero bueno' para la Sierra Sur

"Cuando escuchamos hablar de la apuesta de la Administración por la vivienda protegida y de la firma de acuerdos con bancos y cajas nos sentimos impotentes. Seguimos negociando, con el apoyo del Ayuntamiento, pero no descartamos movilizarnos". Con estas palabras, Javier Cuevas, un joven periodista de Osuna, describe el ánimo con el que un centenar de familias del municipio encaran la crisis financiera.

No son particulares que quieren optar a una vivienda a precios sobredimensionados, ni propietarios a los que el euríbor haya puesto contra las cuerdas, tampoco solicitantes de una VPO a los que, individualmente, el banco niega la hipoteca. Son un grupo de amigos y conocidos que, en el año 2003, y con el respaldo de un promotor local optaron por constituirse en cooperativa, Huerta de los Padres, para construir sus casas a precios asequibles. Es el modelo con el que triunfa en Fuenlabrada José Moreno, el pocero bueno, que tan bien parado ha salido de las crónicas del boom inmobiliario.

Los trámites fueron complejos: adquirieron un terreno rústico, tramitaron su reclasificación y obtuvieron la calificación de viviendas protegidas de régimen general acogiéndose al Plan Nacional de 2003/2007, programa estatal que gestiona la Junta y que les reconoce la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario cualificado de 9,3 millones. Cada casa va a costar unos 102.000 euros. Llegaron a un acuerdo verbal con una caja de ahorros -a la que prefieren no citar- que les iba a financiar las obras y la construcción se inició en diciembre de 2007. Pero cuando en febrero presentaron las primeras certificaciones de obra para obtener dinero, los responsables de la entidad se desdijeron.

"Empezaron a ponernos pegas, hasta que recibimos una carta diciendo que la operación era inviable". Las palabras del promotor, que explicó directamente los números a los responsables y les aclaró que ya tenía acopio de material hecho, o las gestiones de los cooperativistas, que acreditaron que cada uno de los propietarios podía asumir las cuotas de la hipoteca por menos del 40% de sus nóminas y que el resto tiene avalistas, no sirvieron. Les exigían un depósito de dos millones y están convencidos de que, después, pondrían otros requisitos. En alguna de las doce entidades con las que han contactado, les han dado el visto bueno primero, pero luego las centrales han recelado de la operación. De nada ha servido la mediación de la alcaldesa, Rosario Andújar. "El cierre del grifo es literal", opina Cuesta.

La suerte del grupo ha sido el apoyo de la constructora, Ufacon, que ha optado por seguir adelante con las obras con su propio dinero y a la espera del crédito de la cooperativa. "Soy de Osuna, constructor de toda la vida y voy a apoyar un proyecto de este nivel incondicionalmente, no vamos a dejarlos tirados", deja claro Pepe Villar, el gerente, que no conoce la historia del constructor de Fuenlabrada, pero admite que el hecho de que esto suceda en un municipio de 18.000 vecinos, en el que casi todo el mundo se conoce, facilita las cosas. Las obras están al 50% o el 60% de una inversión de unos 7 millones de euros. Villar subraya que los proveedores también son conscientes de la situación y están ayudando.

El temor de los cooperativistas es que el 31 de diciembre finaliza el plan estatal de vivienda y que podrían perder la calificación "provisional" que tienen de sus viviendas y la opción al crédito cualificado. Fuentes de la Consejería de Vivienda consultadas aseveran que ello, en teoría, no debe ocurrir, porque el nuevo plan estatal, que aprobó el Consejo de Ministros el 12 de diciembre aunque está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, debe incluir algún modo la renovación de los proyectos no ejecutados del plan anterior. "Las ayudas no las van a perder", insisten las fuentes, quienes matizan que el problema de la financiación es otro.

En este sentido recuerdan que la Junta ha sido "pionera" al firmar un acuerdo con las entidades financieras que las obliga a financiar a aquellas familias que cumplan unas condiciones objetivas, como reclamó el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, consciente de que este tipo de situaciones, y quien lanzó la idea de que el plan de apoyo a la banca sólo llegue a aquellas entidades que se comprometan con la VPO. Para los planes estatales no hay nada parecido, aunque en teoría los bancos y cajas que firman el pacto de la vivienda con el Gobierno central deben implicarse en la filosofía del mismo.

Los cooperativistas de Huerta de los Padres barajan dirigirse también a Chamizo y comenzar a poner pancartas en las casas, que son visibles desde la autovía A-92, mientras que muchos de ellos, ya casados o con hijos, siguen viviendo en casas de familiares o de alquiler y pagando la cuota de 280 euros al mes. Cada uno ha aportado ya alrededor de 23.000 euros.