Un precedente para una larga lista

Las conclusiones del administrador concursal de Produsa, la sociedad que durante décadas ha gestionado la VPO y patrimonio público de suelo del Ayuntamiento de Utrera, son las primeras en las que se apunta a la presunta "culpabilidad" de sus gestores en la mala situación económica. Por ley, estos cargos nombrados por los alcaldes o los grupos políticos de los ayuntamientos están obligados a informar a los juzgados de lo Mercantil y solicitar el pre-concurso o concurso de acreedores si son conscientes de la insolvencia.

Teniendo en cuenta el elevado número de sociedades de este tipo que han caído con el pinchazo del urbanismo y la crisis de los ayuntamientos, puede que haya otros responsables políticos que tengan que dar cuenta de sus decisiones ante la Justicia.

Además de Produsa, están en concurso de acreedores Burguillos Natural, la sociedad del Ayuntamiento de mismo nombre, con una deuda de 47,5 millones de euros. En ese proceso están también la sociedad Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios (Idelpa) y la Empresa de Desarrollo de Palomares del Río (Emdespal). De más atrás en el tiempo viene la situación de la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso (Sodelp) y, más recientes, son las de Gerena Siglo XXI o Sodegines. Diprasa, de Guillena, ha entrado ya en fase de liquidación. Hace unos meses, se ha solicitado del preconcurso de acreedores para las empresas municipales corianas de Sodecor (de desarrollo) y Coria Futura (de vivienda) y se ha apuntado para Sodecsa, en Camas.

Del escrito de la Fiscalía sobre Produsa, llama la atención que se haya incluido, sin nombrarlos por sus nombres, a los consejeros que nombraba la Diputación, a través de sus sociedades Inpro y Prodetur, lo que implica que esa administración tendría que asumir responsabilidades por su presencia, aunque sea testimonial en muchas de estas sociedades, de las que está intentando salir. En Burguillos, el alcalde del PP ha anunciado que así lo exigirá.