Un revulsivo para la economía local

Cuando en un ayuntamiento comienzan a producirse retrasos en el pago de la nómina de los trabajadores -una situación que se ha generalizado poniendo el acento en los problemas de la economía de los municipios- antes se han dejado de pagar otras muchas cosas. El primer damnificado es el tejido empresarial local, pymes y autónomos en la mayoría de los casos, para los que estas facturas impagadas suponen una losa que les cuesta la supervivencia en muchos casos.

Esta máxima puede ayudar a entender el impacto que ha tenido el anuncio del Gobierno central de que va a articular una forma de pago a los proveedores, la que sea, para que entre en vigor este mismo año. Desde que se lanzó la idea, los ayuntamientos sevillanos aseguran que no dan abasto para atender a proveedores pidiendo información sin que puedan aclararles mucho más de lo que se ha publicado. Bastantes de estos emprendedores ni siquiera están esperando a conocer la relación de facturas que va a remitir a Madrid el ayuntamiento de sus desvelos para comprobar si están incluidos y reclamarlo en su caso. Directamente, están pidiendo certificados individuales para curarse en salud y hacerlo llegado el momento. También hay grandes empresas constructoras y empresas de suministros que están afectadas y, más de una vez, han amenazado y llevado a cabo cortes de luz, por ejemplo.

Los ayuntamientos admiten que estos proveedores, que han realizado trabajos o han aportado servicios por los que no han cobrado, les han financiado en cierta medida durante estos años. No hay datos sobre cuánto se les debe, ni siquiera los tienen las organizaciones empresariales, sólo se conocen las historias individuales que saltan a la palestra casi siempre cuando el empresario cuelga la pancarta o se encierra en la casa consistorial. Porque ni los tribunales son ya una opción de cobro al menos inmediata, dada la saturación existente.

El delegado de Hacienda de La Algaba, José Manuel Gutiérrez (PSOE), no tiene dudas de que si los más de diez millones de euros de impagos de este tipo que acumula el Consistorio -culpa a una situación heredada de un gobierno anterior- se ponen en circulación van a ser "un balón de oxígeno importantísimo" para la localidad.

En el mismo sentido se pronuncia su homólogo en Écija, Rafael Serrano, del PP, para quien la iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy es "inteligentísima". Es "el verdadero motor que necesita la economía, que la gente que quiere invertir vea que los españoles sí pagamos nuestra deuda, la credibilidad y la confianza son básicas para el inicio de la recuperación económica", sostiene, poniendo lo que era un "clamor" por delante de las dudas que este ayuntamiento como casi todos tiene sobre cómo podrán cumplir con su parte, qué tipo de créditos y con qué periodos de carencia y de amortización tendrán que trabajar cuando los ingresos son tan ajustados.

Desde el PSOE se insta a no echar las campanas al vuelo en tanto que cobrarán primero los proveedores que hagan una quita de la deuda y, aunque podrán acudir al banco para hacer efectivo el cobro ya con la certificación, supondrá el pago de intereses todavía por concretar. Tampoco se ha aclarado qué pasará con el IVA que ya han abonado. El presidente de la Diputación de Sevilla y del PSOE sevillano, Fernando Rodríguez Villalobos, que se ha hecho eco de las dudas de muchos alcaldes, no tiene claras tampoco las intenciones del PP. Es una "maniobra de distracción" en tanto que no se conoce cuál va a ser el mecanismo de financiación para pagar, destacó en un comunicado, en el que recuerda que, por el momento, lo único que se sabe es que los datos de la deuda saldrán en "los días claves de la campaña electoral". Teniendo en cuenta que la reforma constitucional (que hizo el anterior gobierno socialista con el apoyo del PP) recoge que los pagos de intereses y capital de la deuda a los bancos serán una prioridad para las administraciones públicas, Villalobos vaticina que los ayuntamientos tendrán que reducir sus gastos de personal, comprometiendo los servicios básicos, para pagar esta nueva deuda. "En definitiva, menos empleo público y menos servicios a los ciudadanos a favor de más recursos a las empresas privadas", apostilla.