El Ayuntamiento pretende grabar y multar a los clientes de las prostitutas

El alcalde de Sevilla presentará a finales del próximo mes de septiembre el plan integral contra la prostitución y la explotación sexual que comprometió el gobierno local el pasado curso político tras haber decidido eliminar cualquier alusión a este problema en la ordenanza antivandálica, la normativa que fue aprobada en mayo y que entrará en vigor precisamente a la vuelta del verano.

La delegación de Igualdad del Consistorio que dirige la socialista María Dolores Rodríguez pilota este plan municipal que implicará a un buen número de delegaciones municipales y que retomará la idea inicial de multar a los clientes de las prostitutas que ejerzan en la vía pública y que contraten sus servicios sexuales en la calle. Además, según ha podido saber este periódico, el Consistorio estudia la posibilidad de instalar un sistema de cámaras de videovigilancia en las zonas más afectadas por la prostitución callejera para disuadir a los clientes del mercado del sexo, lo que sucede en puntos de Nervión y de Sevilla Este.

El planteamiento hispalense comulgará con el espíritu y las medidas que el Consistorio de Barcelona aplica de modo pionero en el país desde el año 2005 al ser la primera ciudad española en regular la prostitución callejera. Ambas, la barcelonesa y la hispalense, preservarán a los menores de la exposición pública de estas prácticas y ofrecerán, de otro lado, información y ayuda a las mujeres que se vean obligadas a tener que ejercer esta profesión.

El plan local contra la prostitución encargará a la Delegación Municipal de Seguridad y Convivencia la redacción de una ordenanza que incluya un cuadro sancionador para los clientes de las prostitutas, que oscilarán entre los 1.500 euros de multa por contratar sus servicios en la calle hasta los 3.000 euros por mantener relaciones sexuales en la calle, según un boceto del plan al que ha tenido acceso este periódico. Estas sanciones, con todo, serán en todo caso mucho más elevadas que las que se aplican en Barcelona, cuya cuantía es de 750 euros.

Las directrices empleadas en el Ayuntamiento de Sevilla para desarrollar este Plan contra la Prostitución no pasan por penalizar económicamente a las personas que ejerzan en la calle, como sí ocurre en Barcelona cuando hay una actitud de desobediencia y reiteración y cuando esperan a posibles clientes en las cercanías de un colegio (750 euros de multa).

La delegación de la Igualdad encara este programa con el objetivo de "erradicar la prostitución" ofertando las herramientas necesarias para buscar otras alternativas. En este sentido, abundará en extender las sanciones a los clientes y en "hacer de Sevilla una ciudad incómoda para los proxenetas". La normativa que redactará el área de Seguridad y Convivencia "atacará a quienes se benefician de la prostitución", esto es, clientes y proxenetas, mayoritariamente. Lo hará ciñéndose a las competencias municipales, lo que limitará la acción coercitiva a la prostitución callejera y también en restringir la publicidad en vallas y luminosos de los clubes que la fomentan, ubicados en su mayoría en los polígonos industriales, zonas extrarradio y la cornisa del Aljarafe.

Pese a que la intención original del Consistorio era la de multar a los clientes tanto en la vía pública como en los locales de alterne, en este segundo punto choca con la legislación nacional, que tolera la prostitución enmarcada en una actividad mercantil privada. El propio Ayuntamiento aduce como defensa de su tesis de que "la mayoría de los servicios sexuales se dan en locales cerrados: clubes de carreteras, pisos y casas de citas y locales y clubes dentro de los polígonos industriales de Sevilla capital". No en vano, los polígonos industriales de Store y Calonge acogen a seis clubes "bastantes conocidos y publicitados" en la ciudad, según fuentes municipales.

En este punto, el gobierno local considera "poco operativo" castigar sólo al cliente que busca servicios sexuales en la calle y "no actuar" contra el cliente que va a los locales de alterne, máxime cuando estos conforman el 90% de la demanda. Por ello, el plan recogerá una serie de medidas coordinadas con otras delegaciones, instituciones y administraciones para aplicar "medidas de coerción y disuasorias" contra los consumidores de servicios sexuales. Entre ellas, fomentar las inspecciones para garantizar que todas las personas que ejercen cuentan con sus papeles en regla, sobre todo en el apartado de extranjería, al igual que los empresarios y dueños de los locales de alterne.

Es más, el Ayuntamiento cree necesario "sacar del anonimato" a quien considera el "verdadero culpable de que exista la prostitución: el cliente", para lo que se barajan alternativas puestas en práctica en otras capitales, como el cierre al tráfico de las zonas donde se produzca la compra-venta de sexo en la calle e incluso la instalación de un circuito de cámaras y videovigilancia, como sucede en la madrileña calle de la Montera.

El protocolo de actuación que el Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha a partir de septiembre bebe de las propuestas consensuadas por expertos nacionales en unas jornadas desarrolladas en Sevilla en 2005. Así, se desarrollarán campañas divulgativas contra la prostitución y la explotación sexual y otras de carácter preventivo en colectivos de riesgo. Además, habrá un mandato expreso a la Policía Local para la adopción de medidas disuasorias encaminadas a la reducción de la demanda de los clientes en determinadas zonas de la capital.