Sevilla

Elite y Foro Taxi mantienen su rechazo al borrador de los VTC

  • Ambas entidades se oponen al proyecto de la Junta, con la que se han reunido, por no incluir el tiempo de precontratación para los vehículos de alquiler

Taxis en una parada de Sevilla Taxis en una parada de Sevilla

Taxis en una parada de Sevilla / Juan Carlos Vázquez

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La asociaciones Élite Taxi Sevilla y Foro Taxi Libre han mantenido su oposición al borrador elaborado por la Junta de Andalucía para la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, que abarca tanto a los taxis como a los vehículos de transporte concertado (VTC), después de haber mantenido sendas reuniones con responsables de la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento.

Estas nuevas reuniones entre asociaciones de taxistas y los responsables de la Dirección de Movilidad se han celebrado tras las alegaciones formuladas por el sector del taxi al mencionado borrador de modernización del transporte discrecional en vehículos turismo, fruto del Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify.

Previamente, en el caso de Sevilla, los taxistas de dicha ciudad y el Consistorio acordaron pedir a la Junta de Andalucía que ciñese la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos, toda vez que los taxistas sevillanos vienen lamentando que el mencionado borrador no incluya la demanda relativa a la antelación mínima para la precontratación de los VTC.

Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir continuamente en situaciones de "intrusismo", pues la regulación de los vehículos de transporte concertado, por ejemplo, prohíbe que estos conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes, capten viajeros de manera espontánea o utilicen los carriles reservados a los autobuses públicos y taxis. Los conductores de VTC, por su parte, han denunciado no pocas situaciones de coacción o incluso daños a manos de taxistas, dando lugar a una causa judicial en toda regla.

En ese sentido, y conforme al decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado que operan para empresas como Uber o Cabify, las propuestas de la Junta para modernizar el sector del taxi contemplan la posibilidad de que los taxistas ofrezcan un precio cerrado al usuario en los servicios precontratados o realizar servicios cobrando por plaza, entre otros aspectos. 

En cuanto a los VTC, y mientras dicho decreto ley estipula un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y los municipios adapten las normativas, periodo en el que los VTC podrán seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano, las propuestas de la Junta incluyen para dicho periodo la creación de estaciones de VTC ubicadas en el perímetro de los núcleos urbanos, para que tal servicio sea prestado desde estas ubicaciones.

La idea, según precisa la Junta respecto a sus propuestas, es que los VTC estén obligados a regresar a dichas estaciones cuando completen sus servicios "salvo que tengan otro servicio precontratado", apostando por supervisar la actividad de los VTC mediante una página web de control andaluza que se nutra de la estatal y permita complementar aquellos campos de los que ésta carezca.

En ese sentido, Élite Taxi Sevilla ha calificado como "muy decepcionante" su reunión con los responsables de la Dirección General de Movilidad. Y es que según la asociación, los representantes autonómicos habrían reconocido que "los VTC operan con infracción el Reglamento de Transportes, pues es el único modo que tienen de prestar un servicio con inmediatez", pero "se muestran reticentes a establecer un tiempo de precontratación tal como se está regulando todas las comunidades autónomas excepto Madrid, también gobernada por el PP". 

La justificación, según la asociación, sería que "la envergadura del problema no es la misma". "En otras palabras, si los infractores son pocos se pueden adoptar medidas legales para corregir la situación, pero si son muchos, como ocurre en Sevilla y Málaga, entonces hay que buscar una fórmula legal para no perjudicar al infractor", critica la entidad, que ve "inadmisible" la situación.

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