Emvisesa paraliza temporalmente el desalojo de la familia de Torreblanca

La empresa pública de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha paralizado el desahucio previsto para este martes de María Vargas Saavedra y de sus tres hijos, que viven desde noviembre pasado en un piso que ocuparon ilegalmente en la barriada de Torreblanca. Fuentes municipales confirmaron este lunes a este periódico que el desalojo de la familia ha sido paralizado temporalmente, ya que así se lo ha pedido Emvisesa a la juez de Instrucción número 17 de Sevilla, que ha tramitado la denuncia por este caso y que ha tomado declaración como imputada a la madre.

Las mismas fuentes explicaron que este lunes se puso en contacto a María Vargas con los servicios municipales de Asuntos Sociales para que analicen y estudien el caso de esta mujer que vive con sus tres hijos de 14, 12 y 10 años en una vivienda ubicada en la Plaza de Salvador Valverde número 4 de Torreblanca. Las gestiones municipales han permitido que se paralice el desahucio de la familia, que estaba previsto para este martes.

La paralización de la salida de esta familia de la vivienda ocupada ilegalmente tiene carácter temporal, mientras se estudia la situación familiar de María Vargas y sus tres hijos. María Vargas aseguró ayer a este periódico que no tenía constancia oficial, ni de manera verbal ni por escrito, de que se había paralizado el desalojo y podía por el momento seguir viviendo en este piso.

La mujer, que llegó desde Zafra (Badajoz) huyendo de una situación complicada que prefiere no comentar, reconoció ante la juez que en noviembre pasado ocupó la vivienda de manera ilegal, pero pidió que se tuviera en cuenta que estaba en la calle con sus tres hijos. "Sé que ocupé una vivienda ilegalmente, sólo pido al juez y al Ayuntamiento que tengan misericordia de mí y de mis niños", imploró la madre.

El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que tramita este caso, acordó a instancias de Emvisesa el desalojo inmediato de la vivienda, pero ahora el desahucio se ha paralizado, al menos, temporalmente. María Vargas explicó que cuando se metió en el piso éste estaba abierto, por lo que no forzó la puerta, y añadió que la vivienda era frecuentada hasta su llegada por toxicómanos y se encontraba en una situación de gran insalubridad. La mujer se instaló en la vivienda y a pesar de sus escasos recursos económicos -asegura que sólo tiene una pensión mensual de 300 euros-, le hizo una serie de arreglos al piso e incluso lo pintó.

En su declaración ante la juez, María Vargas reconoció que había ocupado la vivienda, pero le dijo a la magistrada que se vio "obligada a hacerlo porque estaba en la calle con sus tres hijos".