"Sé que ocupé el piso ilegalmente, sólo pido misericordia para mí y mis tres hijos"

María Vargas Saavedra, una madre separada que ocupó ilegalmente un piso de la Empresa Pública de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) en la barriada de Torreblanca, ha pedido a la juez que paralice el desahucio previsto para el próximo martes.

La mujer, que llegó desde Zafra (Badajoz) huyendo de una situación complicada que no quiere comentar, ha reconocido ante la juez que en noviembre pasado ocupó la vivienda de manera ilegal, pero pide que se tenga en cuenta que estaba en la calle con sus tres hijos, de 14, 12 y 10 años. "Sé que ocupé una vivienda ilegalmente, sólo pido al juez y al Ayuntamiento que tengan misericordia de mí y de mis niños", imploraba ayer María Vargas.

El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que tramita este caso, ha acordado a instancias de Emvisesa el desalojo inmediato de la vivienda en cuestión, ubicada en la Plaza Salvador Valverde número 4 de Torreblanca. María Vargas explica que cuando se metió en el piso estaba abierto, que no forzó la puerta, puesto que el mismo era frecuentado hasta su llegada por toxicómanos y se encontraba en una situación de gran insalubridad, en la que se podían ver fácilmente las ratas.

La mujer se instaló en la vivienda con sus tres hijos y a pesar de sus escasos recursos -asegura que sólo tiene una pensión de 300 euros mensuales-, le hizo una serie de arreglos a la vivienda y también la pintó. Emvisesa la denunció y en marzo pasado la mujer declaró ante la juez, imputada por un delito de usurpación. María Vargas reconoció en su declaración que había ocupado la vivienda, pero le dijo a la magistrada que se había visto "obligada a hacerlo porque estaba en la calle con sus tres hijos".

Ahora el juzgado ha decretado el desalojo inmediato de la vivienda, que está previsto para el próximo martes. Su defensa ha pedido a la juez que se suspenda o se prorrogue el plazo del desalojo, pero de momento no ha habido ninguna respuesta.

María Vargas explica que recientemente ha recibido una carta de Emvisesa en la que se acuerda su inscripción como demandante de una vivienda de promoción pública. La mujer, que cuenta con el apoyo de sus vecinos, no puede hacer frente a un alquiler, porque no tiene dinero para pagar la fianza que se exige en estos casos.