Un espacio cultural con biblioteca, teatro y salas de conferencias. El equipo de Juan Espadas cuenta con un nuevo proyecto sobre la mesa para la antigua Comisaría de Policía de la Gavidia que será presentado al resto de grupos políticos la semana que viene junto a los otros usos ya conocidos: salud y deporte, hotelero y empresarial. La intención es que las empresas interesadas en reabrir este céntrico inmueble presenten sus distintos bocetos para que los partidos se pongan de acuerdo en la propuesta más idónea antes de llevar al Pleno para su aprobación.

El ejemplo que mejor ilustra el proyecto ofertado al gobierno socialista es la Alhóndiga de Bilbao. Un moderno centro de ocio y cultura que abrió sus puertas el 18 de mayo de 2010 después de que el Ayuntamiento le destinara cerca de 75 millones de euros para levantar un complejo de 43.000 metros cuadrados en los que se ubican salas de exposiciones, cines, un auditorio, una mediateca, gimnasio, piscina, solárium, bares y un restaurante. Desde que abriera sus puertas se ha convertido en el nuevo motor de la vida cotidiana de la ciudad. Un espacio diferente, con una programación multicultural y contemporánea, pensada para ofrecer experiencias a todos los públicos. Con su apertura, Bilbao recuperó así la antigua Alhóndiga, uno de sus edificios más emblemáticos, con un proyecto enmarcado en la transformación urbana y socioeconómica que dejó atrás su pasado industrial.

Un centro de salud y deporte es otro de los proyectos que se dará a conocer a la oposición. Una oferta que combine la actividad deportiva con la sanitaria. Se trabaja con la premisa de que la Gavidia no puede seguir así en el estado actual, un edificio en deterioro por su falta de uso, improductivo y que genera costes elevados de seguridad para las arcas municipales. En la mesa del alcalde hay otras dos ofertas en firme, pero para uso hotelero. Una ha sido presentada por la cadena Barceló, que ya cuenta con establecimientos en Sevilla, y otra por una compañía internacional vinculada al Grupo Mandarín, que no dispone de negocios en la ciudad. El gobierno considera que no hay un déficit de camas de hoteles en el centro de la ciudad, por lo que resultaría complejo convencer a la opinión pública de la necesidad de entregar el inmueble para la apertura del enésimo hotel en el casco histórico, un distrito necesitado de otro tipo de equipamientos, máxime cuando el Pleno del Ayuntamiento se ha pronunciado en tal sentido al respecto. Lo que tiene claro el equipo de Espadas es que de las arcas municipales no saldrán 15 millones para poner en funcionamiento el inmueble.

Hay más proyectos detrás pero con escaso recorrido por su falta de financiación. Uno de ellos lo encabeza el colectivo de arquitectos Entre Adoquines, que no cesa en su empeño de transformar la antigua comisaría en un centro de investigación y emprendimiento donde los jóvenes que terminen sus estudios universitarios puedan crear sus empresas. Indican que su propuesta cuenta con el respaldo de los diferentes grupos políticos y del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, además de tener el respaldo por escrito de las dos universidades públicas: la Hispalense y la Pablo de Olavide.

Los populares son proclives a que sea una empresa privada la que explote el edificio. Un apoyo sin compromisos. La idea de Ciudadanos es apostar por un centro de emprendimiento. Ven con buenos ojos que exista una colaboración público-privada. Tanto Participa Sevilla como Izquierda Unida (que quiere un uso público) no respaldan por el momento la iniciativa de un alcalde que espera desbloquear el proyecto antes de que termine el mandato.

A la antigua comisaría de Policía de la Gavidia le quedan aún varias aristas por resolver antes de dejar atrás el estado de abandono que tiene desde hace más de 13 años. Los técnicos se encuentran cambiando el uso urbanístico de la céntrica parcela, ya que tanto el social-deportivo como el hotelero no entran como uso compatible al que tiene actualmente asignado, que es el de superficies minoristas de comercio. Cuenta con una segunda arista. La realidad jurídica es que el Consistorio no es técnicamente aún dueño de pleno dominio del edificio, cuya propiedad sigue ostentando el Estado. El desbloqueo queda pendiente de un acuerdo con el Ministerio del Interior.