La Fiscalía pide investigar por separado las irregularidades de DeSevilla y el reingreso de Castaño

La Fiscalía de Sevilla, ante la petición de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como Fundación DeSevilla, de que el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) sea imputado en la investigación judicial sobre la anterior gestión de la institución por su papel en el reingreso en la misma del ex asesor socialista Domingo Enrique Castaño, ha pedido investigar por separado la gestión económica y administrativa de la fundación, y la readmisión de Castaño.

Porque, según han señalado fuentes de la Fiscalía, ambos aspectos no tienen "nada que ver", por cuanto el Juzgado de Instrucción número 16 investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la Fundación DeSevilla, y la causa recogida por el Juzgado de Instrucción número 14 a cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ve posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la reincorporación de Castaño deriva de "una decisión de Monteseirín". Para la Fiscalía, "no procede" la solicitud de imputar al ex alcalde cursada por la Fundación a instancias del Gobierno municipal del PP, en el marco de la causa correspondiente a las irregularidades en la gestión, porque se trata de "hechos que indaga otro juzgado".

Fue en noviembre de 2012, cuando el patronato de esta fundación ya extinguida formulaba una denuncia por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos. Los hechos denunciados se encuadran en la gestión de la fundación durante el mandato 2007/2011, cuando IU-CA dirigía esta institución. La denuncia, promovida por el actual gobierno municipal del PP, avisaba del "crecimiento desmesurado" de contrataciones en favor de miembros del Partido Comunista de Andalucía (PCA), alertando de que los gestores de la fundación destinaban las subvenciones a "otros fines de los propiamente subvencionados" y "sin justificación". Media además un informe de la Intervención General que señala que "la gestión de los programas subvencionados ha dado lugar a gastos que no pueden ser objeto de las subvenciones", insistiendo en una "desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas".

En la causa figuran como imputados el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el ex gerente de la fundación Miguel López Adán (IU-CA) y el ex delegado no electo de Economía y Empleo Carlos Vázquez (IU-CA).

Media en el asunto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifica una sentencia previa del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, que declaró ya procedente el despido del ex asesor del grupo socialista del Ayuntamiento hispalense Domingo Enrique Castaño en la citada fundación, sometida a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a finales del pasado mandato, antes de que el PP desembarcase en la Alcaldía.