El Gobierno concede un año más de plazo para el vallado de la zona franca

Una actuación necesaria que se retrasa. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que amplía al 31 de agosto de 2016 el plazo habilitado para que la nueva zona franca de Sevilla cuente con un cerramiento perimetral, aspecto requerido para la entrada en funcionamiento de este espacio portuario marcado por su especial régimen fiscal. Se trata de un acto necesario y que debería haber concluido en agosto de este año.

Esta prórroga retrasará la puesta en marcha de la zona franca al menos hasta el verano de 2016. Para ello, el pasado 20 de enero, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el ministro Montoro firmaron la constitución del consorcio gestor de la zona franca de Sevilla, que nace sobre 719.876 metros cuadrados del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria, y que se anuncia con el objetivo de lograr un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros.

La orden ministerial emitida inicialmente el 30 de agosto de 2013 autorizando la constitución de la zona franca de Sevilla, condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias, así como a la ejecución de las obras para vallar el recinto. La citada orden estipulaba un plazo de dos años para el cumplimiento de dichos aspectos. Aunque el proyecto ha avanzado en lo que se refiere a sus estatutos, el reglamento de régimen interior y la contabilidad, las obras del cerramiento perimetral constituían un inconveniente, dado que los plazos seguidos por el proyecto hacían imposible que su licitación, contratación e instalación estuviese lista antes del 30 de agosto de este año, cuando expira el plazo inicial fijado en la orden ministerial que autorizaba la constitución de la zona franca de Sevilla.

Según la nueva orden ministerial, el alcalde de Sevilla y presidente del consorcio gestor de la zona franca, Juan Ignacio Zoido, solicitó "la ampliación del plazo previsto, como consecuencia de la imposibilidad de finalizar las obras de cierre de la zona franca de Sevilla en dicho plazo". El ministerio, finalmente, ha accedido a esta petición, ampliando "un año adicional al previsto en el apartado citado, concluyendo el nuevo plazo concedido el 31 de agosto de 2016".

La zona franca de Sevilla nace con el objetivo de convertirse en el motor que propicie el cambio de modelo económico de la ciudad de Sevilla. Se trata de la quinta zona franca existente en España, tras las desarrolladas en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, y es la primera fluvial. Su consorcio gestor está formado por tres miembros del Ayuntamiento, tres miembros de la Autoridad Portuaria, dos representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, una representación de la Cámara de Comercio y un delegado del Estado en la zona franca. Sobre su superficie, además, operan ya las empresas TRH, Hispalense de Líquidos, Reciclados Navales del Sur, Inabensa, Sevitrade y Janone. Zoido visitó el pasado mes de noviembre la zona de Torrecuéllar con los empresarios ya existentes para conocer de primera manos sus opiniones y los problemas que hay que afrontar. El primero de ellos, reclamado por los empresarios y el Puerto, es el dragado de profundidad del río Guadalquivir para dar cabida a buques de mayor calado, aunque el alcalde ha manifestado en más de una ocasión que no es imprescindible, pero sí apuesta por llevarlo a cabo cuanto antes aunando los intereses de todas las partes, incluido los regantes y los ecologistas que los consideran perjudicial.