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Sevilla

Las patronales sevillanas piden al Gobierno que evite el desmantelamiento de Santa Bárbara Sistemas

Presentación al público de los nuevos blindados en junio de 2020

Presentación al público de los nuevos blindados en junio de 2020 / Antonio Pizarro

Los representantes de los empresarios sevillanos, agrupados en la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la Cámara de Comercio de Sevilla; y la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra, FICA, han solicitado una reunión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "para abordar de manera urgente" el futuro de la fábrica Santa Bárbara Sistemas (SBS) en Alcalá de Guadaíra, "ante el riesgo latente de deslocalización de la actividad industrial", informan en un comunicado conjunto.

La petición se produce después de que las patronales hayan mantenido los primeros contactos con la dirección local de la empresa, así como con representantes sindicales y los consejeros Rogelio Velasco y Rocío Blanco, titulares de Industria y Empleo de la Junta de Andalucía

Los empresarios sevillanos se muestran "profundamente preocupados" ante los planes de la firma de trasladar las labores de montaje y pruebas de los vehículos del Ejército de Alcalá de Guadaíra a Trubia (Asturias), dejando a la planta sevillana como un centro especializado en mantenimiento. Por eso, afirman en la nota, desean "trasladar a la ministra la necesidad de actuar con máxima prioridad y de forma coordinada ante esta problemática, entablando de forma inmediata un diálogo con la compañía que evite el trasvase definitivo de toda su actividad productiva hacia la factoría asturiana de Trubia y el consecuente varapalo que esta decisión supondría en el plano económico y para la propia imagen de la provincia como enclave industrial".

"La industria de defensa terrestre es una industria tractora clave de la provincia de Sevilla, que genera alrededor de 800 puestos de trabajo, directos e indirectos, en torno a la que pivota un importante ecosistema de empresas auxiliares, formado por unos 250 proveedores, cuyo futuro quedaría en el aire de producirse finalmente el trasvase de toda la actividad productiva de la factoría de SBS en Sevilla hacia su planta asturiana", señalan las patronales.

Añaden que, con independencia de que este plan de reestructuración responda a intereses estratégicos de la compañía, "no se entiende cómo a nivel nacional, regional y local se promueven políticas industriales encaminadas a ofrecer un entorno propicio para el desarrollo de la industria, donde se prioriza la colaboración público-privada, y que puedan darse situaciones como estas que den lugar al desmantelamiento de toda una industria, la de defensa terrestre, con una trayectoria histórica en Sevilla, capacitada y cualificada, cuya pérdida supondría un verdadero fracaso a nivel económico, laboral y político".

Las patronales sevillanas también han solicitado reuniones con los secretarios generales del PSOE de Sevilla y Andalucía, Javier Fernández de los Ríos y Juan Espadas, respectivamente, con el objetivo "de extraer de ellos un compromiso de actuación en relación con este asunto".

Los empresarios recuerdan que Sevilla cuenta con importantes empresas tractoras en diferentes ámbitos industriales, de referencia internacional, como son Renault, en automoción; Airbus, en aeronáutica o Cobres La Cruces, en minería. “Dejar escapar a Santa Bárbara no es una opción”, recalca el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, quien además insiste en que “después de todo lo que llevamos vivido debemos aprovechar nuestras capacidades para seguir generando industria en nuestra provincia y no dejar pasar carros como el de Santa Bárbara. Es el momento del diálogo coordinado y de que nuestros políticos entren en juego”.

Por su parte, el presidente de la CES, Miguel Rus, ha explicado que de ello depende en gran medida el futuro de la industria auxiliar de la provincia y cientos de puestos de trabajo. “Sevilla necesita una industria potente si quiere tener futuro y salir cuanto antes de esta crisis”, ha dicho Rus, quién, además, ha recordado el gran impacto que la pandemia ha tenido en el tejido productivo sevillano, por lo que “entre todos tenemos que poner en marcha mecanismos que impulsen la actividad industrial de la provincia para que no se quede a la cola de España y no se pierda ni un puesto de trabajo más, Sevilla no puede ser la gran olvidada, es urgente mantener y atraer proyectos e infraestructuras que generen actividad económica, empleo e inversión”.

Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, ha solicitado a la ministra de Defensa que “haga cumplir el compromiso que se adquirió con la empresa. No podemos entender que se perjudique a esta zona y se vaya produciendo un desmantelamiento industrial que traerá graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico de la provincia.”

Además, el presidente de FICA, Carlos García Gandul, ha dicho que “el Ministerio de Defensa debe de velar por el cumplimiento de lo comprometido, manteniendo la actividad de la fábrica de Santa Barbara en Alcalá de Guadaira, favoreciendo así a la industria auxiliar sevillana y garantizando el empleo y la viabilidad de la factoría”.

Las organizaciones empresariales sevillanas recuerdan, también, que siempre han defendido la continuidad de la industria de defensa terrestre en la provincia, "tal y como quedó patente meses atrás cuando el Ministerio de Defensa declaró desierto el concurso del nuevo carro blindado para el Ejército español al que aspiraba la UTE encabezada por Santa Bárbara". Ya entonces, estas patronales mostraron su preocupación ante "las desastrosas pérdidas de este contrato, instando a la búsqueda urgente de alternativas y manteniendo" encuentros al más alto nivel para la búsqueda de soluciones y la recuperación del contrato de este programa que representaba importantes expectativas económicas y laborales en la ciudad (en torno a 650 empleos directos y otros 1.000 indirectos) y que garantizaba una actividad industrial vinculada al proyecto durante al menos 40 años.

Tal y como ya ha advertido la propia ministra de Defensa, continúan, la medida acordada ahora por la empresa "podría suponer un incumplimiento del contrato que se le otorgó para la ejecución de dicho programa, en cuya adjudicación, sostiene Margarita Robles, se tuvo en cuenta, fundamentalmente, la creación y mantenimiento de puestos de trabajo".

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