El juez que investiga las irregularidades en la extinta Fundación DeSevilla ha citado hoy a los peritos que analizaron las cuentas de la entidad para que ratifiquen el informe en el que concluyeron que la fundación destinó "más del 70%" de las ayudas para programas de cooperación internacional a gastos de personal, que sólo en 2008 ascendieron a 1,1 millones de euros para 27 trabajadores vinculados políticamente a Izquierda Unida.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de Instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, ha fijado la comparecencia de los peritos de KPMG Consultores, que fueron citados en marzo y luego en julio, aunque ambas comparecencias fueron suspendidas.

En base a este informe, los responsables de la Fundación DeSevilla en el anterior mandato volvieron a solicitar al juez el pasado 8 de junio que tome declaración como imputado al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), a toda su Junta de Gobierno, a los patronos que aprobaron las cuentas anuales de 2008, 2009 y 2010, y a otros responsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas. Los peritos aseveran que Torrijos y Carlos Vázquez (secretario provincial del PCA y delegado no electo del Ayuntamiento) "tienen un papel muy relevante".