Fue, sin duda, uno de los momentos más llamativos del balance realizado el pasado lunes por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre sus primeros 100 días de gobierno. En mitad de su intervención, el regidor mostró a los medios allí presentes una carta enviada por la Junta de Andalucía en 2021 al Ayuntamiento hispalense, entonces en manos del PSOE, en la que requería que adaptara su estructura a la ley de grandes ciudades. Sanz criticó que los socialistas hubieran hecho caso omiso a tal instancia y vinculó ese desinterés a la propuesta de Ley de Capitalidad que desde las filas socialistas se lleva reclamando para la capital andaluza desde la pasada campaña electoral. Nada nuevo que no hayan pedido anteriores regidores, entre ellos Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Ignacio Zoido, de signos políticos distintos. Por ahora, no parece que este anhelo se encuentre entre las prioridades de Sanz, que antepone a cualquier reclamación que "la ciudad funcione". 

La respuesta por parte del grupo municipal del PSOE no se ha hecho esperar. La portavoz adjunta, Sonia Gaya, ha restado importancia a la misiva que envió en 2021 el entonces consejero de Administración Local, Juan Marín (Ciudadanos), al recordar que la reclamación que contenía aludía a un mero cambio en el organigrama municipal. Según Gaya, se instaba a que en lugar de existir un secretario general en el Ayuntamiento de Sevilla acompañado por un oficial mayor, esta segunda figura se sustituyera por otro secretario. "Es un requerimiento dentro de la estructura interna del Consistorio que surge de una interpretación de la ley de grandes ciudades, sin que afecte para nada a cuestiones de financiación municipal", explica la portavoz adjunta del principal partido de la oposición. 

Gaya incide en que "hasta ahora la labor de control jurídico la han ejercido un secretario general y un oficial mayor, ambos cuerpos habilitados por el Estado. Y lo que interpreta la Junta de Andalucía es que sean dos secretarios generales". Un requerimiento que, a juicio de los socialistas, Sanz ha querido convertir en "un escándalo", bien por "desconocimiento" o porque "ya tiene un candidato de sus filas para sustituir la figura del oficial mayor por un secretario general". 

La comisión trilateral

Una cuestión que para el PSOE nada tiene que ver con el trabajo realizado en el anterior mandato para que Sevilla goce de una Ley de Capitalidad, que supondrá una mayor financiación en infraestructuras y en los barrios con necesidades de transformación social. En este punto, Gaya recuerda la labor llevada a cabo entre tres administraciones con el fin de lograr dicho objetivo. Con tal fin, en enero de este año se constituyó una comisión trilateral en el que estaban presentes el entonces alcalde Antonio Muñoz; el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; y el la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. 

Este marco surgió de la necesidad de reconocer la singularidad de Sevilla como capital de Andalucía y tercera área metropolitana de España. Una situación que obligaba a redoblar las inversiones públicas en movilidad y transformación social de sus zonas más deprimidias. Necesidades que debían quedar reflejadas en un informe encargado a la Universidad de Sevilla (US). 

Aquel fue el punto de partida de un proyecto avalado en el Pleno municipal por el propio PP, según menciona Gaya, que se sorprende por la postura contraria que ahora muestra Sanz, al que critica por paralizar estos trabajos y considerar que la apuesta de los socialistas por la Ley de Capitalidad sólo obedece a intereses electoralistas. Una ley que aportaría grandes beneficios a Sevilla y que, por desgracia, durante las últimas décadas sólo ha servido para caldear el debate político sin que la ciudad haya podido sacar provecho de ella.