Los okupas desalojados el pasado 30 de noviembre del Centro Social Ocupado y Autogestionado (CSOA) Casas Viejas presentaron ayer cinco denuncias ante el Juzgado de Guardia de la capital hispalense por los incidentes relacionados con la actuación policial.

En este sentido, el equipo jurídico de los okupas continúa recopilando información para presentar nuevas denuncias contra funcionarios policiales "por lesiones" y contra la familia Bordas Marrodán "por incumplimiento de las normas básicas de seguridad y por carecer licencia para derribar parte del inmueble". Los representantes de este colectivo indicaron que están analizando toda la documentación disponible para valorar la posibilidad de presentar querellas contra cargos públicos, organizaciones y medios de comunicación por las informaciones que los vinculan con la banda terrorista ETA.

Por otra parte, las organizaciones sociales y sindicales que firmaron el manifiesto contra la supuesta criminalización de los movimientos sociales "continúan a la espera de respuesta por parte del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, al que el pasado 13 de diciembre se le solicitó una reunión formal y aún no hay fecha prevista".

Más de 60 agentes de la Policía Nacional participaron en el dispositivo organizado para dar cumplimiento a la orden judicial de desalojo del inmueble. En la operación, derribaron las defensas habilitadas por el colectivo de okupas, que habían preparado una "resistencia pacífica" anclando a cuatro de sus miembros al suelo de la primera planta y a dos de ellos a los muros de un zulo construido tras un túnel de cuatro metros de profundidad. Estos últimos fueron desalojados tras 36 horas de resistencia.