La Autoridad Portuaria de Sevilla confirmó este lunes que este martes lleva a su consejo de administración el proyecto de profundización del estuario del Guadalquivir para ganar dos metros de profundidad y 30 metros de anchura al canal de navegación entre Sanlúcar y Sevilla. Sin embargo, esta obra aún no puede licitarse. Necesita la autorización de otras administraciones superiores. El Gobierno europeo también tendrá que pronunciarse al ser la administración que aporta el 80% del coste de la obra.

En declaraciones a Europa Press, el presidente, Manuel Fernández, aseguró que su organismo ha terminado todas las acciones vinculadas a la redacción del proyecto de dragado de profundización para la toma de conocimiento y posterior traslado a otras administraciones y organismos. La idea, según Fernández, es que la obra pueda sacarse a concurso tras el verano. Éstos son los plazos que maneja con el fin de encajar en el plazo temporal que regula el marco normativo financiero de los fondos europeos.

El presidente explicó que el consejo de administración conocerá el proyecto del dragado "tal y como el Puerto quiere que sea" y se iniciará el expediente para la licitación. Los trámites posteriores suponen remitirlo a Puertos del Estado (dependiente del Ministerio de Fomento), al Consejo de Participación de Doñana, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El dictamen de este último ministerio es clave al ser el que autorizó en 2003 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esta obra, una autorización condicionada a una mejora del proyecto con nuevos datos científicos sobre la situación del estuario. Ese estudio está listo desde 2010 y teóricamente el nuevo proyecto del Puerto incorpora estos datos y conclusiones.

Fernández lleva meses asegurando que su nuevo proyecto recoge esas recomendaciones científicas del CSIC. Pero esos mismos científicos, el consejero de Medio Ambiente de la Junta y colectivos ecologistas dijeron la semana pasada que el proyecto no incluye estos requisitos. Arroceros y regantes andaluces así como los ecologistas de WWF amenazan con ir a los tribunales si se licita la obra.