El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 80.000 euros a los familiares de una paciente que fue contagiada con el virus de la hepatitis C a causa de una transfusión durante una operación a la que se sometió en el hospital Virgen del Rocío.

La sentencia del Alto Tribunal andaluz, que confirma íntegramente la resolución dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla, recoge que la paciente A. S. C. fue contagiada el 13 noviembre de 1991, cuando fue intervenida quirúrgicamente de una histerectomía o extirpación del útero.

El SAS había alegado que, según un informe del hospital Virgen del Rocío, las unidades de sangre con las que se realizó la transfusión a la paciente estaban “identificadas y debidamente analizadas”, y añadió que las pruebas arrojaron un resultado negativo a los anticuerpos de la hepatitis C. La Junta también se opuso a la cuantía de la indemnización y, en su lugar, entendía que debía abonarse sólo la ayuda de 18.030,36 euros, prevista en su momento para aquellos casos en los que no era posible detectar el virus en las unidades objeto de transfusión sanguínea.

La sentencia del TSJA considera que el informe del hospital “no ofrece las suficientes garantías de autenticidad”, pues en el documento se hacía referencia a su vez “a un informe remitido por correo electrónico” que no se adjuntó y que no fue ratificado.

La abogada Arancha Ferrín, que representaba a la paciente, presentó un informe médico que ponía de manifiesto “la existencia de datos que permiten apreciar una altísima probabilidad de que el virus se inoculase con motivo de la transfusión sanguínea”, ante la ausencia de síntomas de la enfermedad en la víctima con anterioridad a la operación quirúrgica o en las pruebas preanestésicas y el hecho de que fue tras dicha intervención cuando se pusieron de manifiesto los indicios.

El tribunal, que ha condenado además al SAS a pagar las costas de la apelación, estima que la indemnización de 80.000 euros fijada en este caso es “adecuada” a la vista de la entidad de la enfermedad contagiada a la paciente, que falleció el pasado año.