El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se refirió ayer al crimen perpetrado el sábado en Los Pajaritos, un barrio en el que reconoció que existe "un problema importante". Ante las críticas de los vecinos, que lamentan que el plan integral previsto para el barrio lleva años sin desarrollarse y la falta de presencia policial que evite que los pisos deshabitados sean ocupados, el regidor hispalense lanzó la pelota sobre el tejado del Estado. "Las zonas de la ciudad donde más delitos se producen necesitan un incremento de la vigilancia por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y eso es competencia de quien es competencia".

Con estas palabras, Espadas, sin mencionarlo de manera explícita, hacía referencia al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anterior alcalde de Sevilla, a quien ya la semana pasada pidió que se levantara la restricción establecida en plena crisis económica para incrementar la plantilla policial, con la intención de poder reforzar así el nivel 4 de alerta antiterrorista tras los atentados de Cataluña. En este sentido, el actual regidor hizo hincapié en que el gobierno local no está dipuesto a que el aumento de la vigilancia en los puntos de atracción turística suponga "sacrificar la presencia policial en los barrios".

El regidor dice que no se quitarán policías de los barrios para proteger las zonas turísticas

Espadas, no obstante, incidió en que el problema de Los Pajaritos "no es sólo policial", sino que han de tomarse también otras medidas de atención social para los residentes de la zona. El primer edil recordó que el Ayuntamiento ya "asume" sus competencias en esta materia. "El distrito Cerro-Amate es el objetivo número uno", afirmó el alcalde al referirse a una de las zonas con mayor índice de paro de España. De hecho, un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelaba que Los Pajaritos es el barrio más pobre del país, un dudoso primer puesto en el que repite por segundo año consecutivo. El segundo lugar de la lista es para otro barrio de Sevilla, las Tres Mil Viviendas. El pasado año 2016 se incrementó la brecha entre ambos barrios, siendo los vecinos de Los Pajaritos aún más pobres que el ejercicio anterior, mientras que en el Polígono Sur ha subido algo la renta per cápita.

"Desde los servicios municipales siempre intentamos dar respuesta a las familias sin empleo y dotarles de los servicios básicos", refirió Espadas, quien también destacó que existe "una plena coordinación" al respecto entre la administración local y la Delegación del Gobierno en Andalucía. "Hacemos nuestro trabajo, pero nos queda el respaldo del Estado", apostilló. Espadas responsabilizó de la falta de seguridad en el barrio al Gobierno central, pero no hizo ninguna autocrítica ni referencia a la falta de más de 300 agentes de la Policía Local, que durante los fines de semana han mermado mucho su presencia en las calles porque ya se ha terminado el dinero disponible para pagar los servicios extraordinarios de este año.

Tras la muerte violenta de José Ocaña Candela, un delincuente de 26 años apuñalado a primera hora de la mañana del sábado en un piso de la calle Carena, los vecinos denunciaron el escaso control que hay en el barrio sobre las viviendas vacías. El piso en el que se produjo el homicidio estaba ocupado y una de las líneas de investigación apuntan a que la víctima se lo había realquilado ilegalmente a su asesino. La plataforma Tres Barrios-Amate lamentó además que el plan integral para mejorar toda esta zona de la ciudad esté "muerto" por falta de financiación, además de criticar la falta de información por parte de las autoridades.

Desmentían así al propio Gobierno central, que hace unas semanas respondió a un escrito elevado al Senado por la senadora de Podemos Maribel Mora, que pedía que se detallaran las medidas tomadas por el Gobierno para luchar contra el tráfico de drogas en este barrio. El Ejecutivo de Mariano Rajoy respondió de una manera muy ambigua, aseguró que a lo largo de los últimos años se habían incrementado las redadas antidroga y que la prensa había dado cuenta de ello. El Gobierno no daba ni un solo dato de de detenidos, incautaciones ni número de operaciones policiales en los últimos años. Además, aseguraba que mantenía reuniones periódicas con los vecinos para informarles de todas estas medidas. El representante de los residentes negó que tuviera este tipo de información y admitió que hay operaciones policiales con frecuencia, pero que no parecen ser suficientes para acabar con el imperio de la droga en el barrio.