Sevilla

Ampliación del tranvía: diez entidades se querellarán contra el IDAE si subvenciona la obra

  • Acusan al Gobierno central de un "trato de privilegio a Espadas" al esperar a que redacte un nuevo Plan de Movilidad (PMUS) que justifique “a posteriori” la concesión del dinero

El tranvía a su paso por Viapol-San Bernardo. El tranvía a su paso por Viapol-San Bernardo.

El tranvía a su paso por Viapol-San Bernardo. / Belén Vargas

Diez entidades han amenazado este lunes con querellarse contra el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, si concede una subvención “a la carta” para ampliar el tranvía de Sevilla desde San Bernardo a Nervión. La advertencia se produce tras la respuesta parlamentaria que ha dado el Gobierno central sobre esta ayuda a los diputados de Más País Inés Sabanés Nadal (GPlu) e Íñigo Errejón Galván (GPlu). 

La Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto obligan a que cualquier subvención al transporte público derive de un plan de movilidad (PMUS) previo, requisito que no ha cumplido Sevilla

Las entidades son el Grupo de investigación ADICI HUM810, la Plataforma Salva tus árboles Sevilla, Tranvía Verde, Ecologistas en Acción Andalucía, Plataforma Sociedad civil de Sevilla, A Contramano, Red Sevilla por el clima, Asociación Parque Vivo del Guadaira, Ni un árbol menos y ADEPA (Asociación de defensa del patrimonio artístico de Andalucía).

Las entidades recalcan que "el IDAE no debió admitir a trámite la solicitud de subvención que pidió el Ayuntamiento para el tranvía", puesto que, como afirmó en su respuesta parlamentaria el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Sevilla pidió una subvención de 19.608.000 euros para la ampliación del tranvía el 5 de diciembre de 2019, fecha en la que este proyecto no figuraba en el vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad, que es de 2012, aprobado en el mandato de Zoido. 

Las diez entidades expresan su "estupor" por la respuesta parlamentaria que ha dado el Gobierno de España a dos diputados de Más País, puesto que la Ley de Economía Sostenible (2/2011, de 4 de marzo) "exige que la concesión de que cualquier ayuda o subvención destinada al transporte público o metropolitano está condicionada a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Urbana Sostenible".

Esperan que los técnicos del IDAE "no sean cómplices de los intereses políticos tanto del Ejecutivo central como de la corporación Municipal sevillana"

Califican de “torticera y contraria a la norma" la respuesta del Gobierno de que no hace falta que la solicitud de subvención esté amparada por un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y recuerdan que la Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto obligan a que cualquier subvención al transporte público derive de un plan de movilidad (PMUS) previo.

Así pues, concluyen que "la petición de la subvención no sólo incumple la Ley de Economía Sostenible, sino también lo dispuesto en el Real Decreto regulador de estas subvenciones, el cual ratifica que 'las actuaciones elegibles serán aquellas que se deriven de un PMUS o Plan Director' y que 'no se apoyarán actuaciones aisladas que no sean de ejecución de un Plan o estrategia global de movilidad urbana'".

Añaden que la actuación "atenta contra la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, conforme al documento publicado por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red Española de Ciudades por el Clima, en el que se exige la plena participación social y la implicación de toda la comunidad en la redacción de los PMUS".

"La petición del Ayuntamiento de Sevilla vulnera la ley de Economía Sostenible, el Real Decreto regulador y la Estrategia Española de Movilidad Sostenible"

En resumen, las entidades recalcan que "pese a que la petición del Ayuntamiento de Sevilla vulnera la ley de Economía Sostenible, el Real Decreto regulador y la Estrategia Española de Movilidad Sostenible", el Gobierno de España ha hecho en su respuesta parlamentaria "una sesgada interpretación" de las normas al decir que a la fecha (5 Diciembre 2019) en la que el Consistorio sevillano solicitó la subvención para el tranvía “no resultaba imprescindible” que la ampliación estuviera integrada dentro de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que basta con que el Ayuntamiento redacte un nuevo PMUS que esté listo para la fase “de ejecución y certificación del proyecto”.

Las entidades sevillanas denuncian que la interpretación de la ley que hace el Gobierno central parece  redactada “a la carta” de los intereses políticos del Ayuntamiento de Sevilla, "única y exclusivamente para darle tiempo a amparar con un nuevo PMUS el despilfarro económico de la ampliación tranviaria".

Los diez colectivos sevillanos confían en los técnicos del IDAE que han de informar sobre si la solicitud del Ayuntamiento de Sevilla se ajusta a la legalidad y esperan que "no sean cómplices de los intereses políticos tanto del Ejecutivo central como de la corporación Municipal sevillana".

En caso contrario, amenazan con denunciar ante los tribunales de justicia cualquier decisión arbitraria y contraria a las normas que se adopte en relación con la ampliación del tranvía, "la cual no estaba amparada por el vigente PMUS de la ciudad en el momento en que se cursó la solicitud de subvención, que es el que administrativamente y afectos jurídicos hay que tener en cuenta". 

"El Ayuntamiento ha mentido al IDAE"

Estos colectivos acusan al Ayuntamiento de Sevilla de "mentir" al IDAE al afirmar en su solicitud que laampliación está amparada por el Plan de Movilidad municipal, cuando no lo está. 

Señalan que el Ayuntamiento hispalense no sólo ha presentado una solicitud de subvención para ampliar el tranvía aunque no está prevista en el vigente PMUS (2012), sino que "trata de condicionar y predeterminar el que pudiera suceder al actual, al dar por hecha tal iniciativa sin haberla sometido al preceptivo debate ciudadano" y "sin esperar a ver si los ciudadanos consideran esta opción u otras de movilidad en el proceso de participación".

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