El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha afirmado en relación al proceso de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica (entre 1985 y 2015) que la institución "no se ha apropiado de ningún bien que no sea suyo" y que si hay algún caso "que revista duda, se puede revisar sin ningún problema". En una entrevista concedida a Europa Press, monseñor Saiz afirma que el tema de las inmatriculaciones -proceso que consiste en la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad- "es algo muy serio en el que hay que aportar la documentación pertinente para que ese bien concreto sea inmatriculado".

"La Iglesia ha seguido con rigor todo ese proceso y ha registrado aquellos bienes que son de su propiedad. En el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal y del Obispado se puede seguir y consultar todo el desarrollo", asegura.

¿Alguien puede pensar que la Catedral de Sevilla no es propiedad de la Iglesia?'"

La plataforma de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes a favor de la Iglesia Católica -295 bienes en el caso de la provincia, según los datos aportados- insiste en que en la gran mayoría de casos se han llevado a cabo "exclusivamente" mediante una certificación eclesiástica, merced a la reforma de la ley hipotecaria promovida por el entonces Ejecutivo central que presidía José María Aznar.

Este colectivo reclama que entre los bienes inmatriculados figuran unas "dependencias anexas" de la Catedral, como son el Patio de los Naranjos y la Giralda. "En todo este proceso, en el que conviene recordar que intervienen registradores de la propiedad, debe imperar también el sentido común y la tradición de siglos de historia. ¿Alguien puede pensar que la Catedral de Sevilla no es propiedad de la Iglesia? Es más, no pertenece al obispo ni al clero, sino a toda la comunidad eclesiástica, incluidos los seglares", señala el prelado hispalense.

En cuanto al pago de impuestos por parte de la Iglesia como propietaria de bienes inmuebles, el arzobispo refiere que la institución "no ha de tener privilegios ni padecer discriminaciones", y como cualquier otra entidad, "los impuestos que toque pagar, que sean pagados".

En relación al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la exención a la que está sujeta la Iglesia, monseñor Saiz se muestra tajante al respecto: "Se pagará aquello que corresponda, otra cosa es que nos quieran hacer pagar lo que no pagan otras instituciones que, como la Iglesia, están acogidas en la Ley de Mecenazgo", como sucede con las fundaciones y los sindicatos. El incentivo fiscal del IBI no tiene su origen en los Acuerdos Iglesia-Estado, firmados en 1979, sino que nace de la Ley de Mecenazgo de 2002.