La asociación de constructores y promotores de Sevilla (Gaesco) acogió este miércoles la celebración de un foro sobre infraestructuras centrado en la colaboración público-privada, un modelo que la consejería de Fomento de la Junta quiere poner en marcha en la línea 3 del Metro de Sevilla (y en vivienda pública y puertos). Pero el sistema presenta dificultades, según advirtieron los cinco expertos participantes en la mesa redonda.
La baja rentabilidad de la empresa que participa en una obra pública es el escollo principal para atraer capital privado, ya que tiene un límite legal del 2,5% de rentabilidad (en el total de la inversión) según la ley de desindexación. “¿Quién va a poner su dinero para ganar un 2,5% con un riesgo tan elevado? Una infraestructura dura toda la vida, un 2,5% es poco”, recalcaban ayer varios integrantes del sector de la construcción, que verían razonable entre el 4% y el 6%.
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y los expertos en la jornada coincidieron en que “la modificación de la ley de desindexación es necesaria”. Carazo se ofreció a colaborar con el empresariado andaluz para promover este cambio ante el Gobierno central. Y señaló que deben ser proyectos medianos o pequeños los ejecutados con este procedimiento.
El Gobierno andaluz (PP-Cs) apuesta por la colaboración público-privada “sin sesgo político” (Carazo criticó a IU por paralizar en 2009 en Andalucía las obras promovidas con este modelo) y desde primeros de marzo trabaja con los empresarios para poner en marcha este mecanismo, pese a las dificultades que supone por la situación económica y la cuestión normativa.
La patronal CEOE ha pedido al Gobierno central un cambio de ley que el gerente de Gaesco, Juan Aguilera, cree que va a prosperar. Con todo, José Luis Nores, socio de PwC Tax & Legal Services, desveló en la mesa redonda que el problema tiene “fácil solución”: basta una orden del ministerio para modificar ese porcentaje, sin necesidad de tramitación de cambio legal. O ir a concesiones sólo de explotación o de corto plazo.
En aguas, sí se hacen inversiones con colaboración público-privada y sale a cuenta porque el usuario es el que paga. En vivienda, la Junta está actualizando el catálogo de suelos y sus precios para atraer a privados. En los puertos también se ha encontrado una solución para desenmarañar las concesiones con el modelo gallego.
El consejero de Hacienda Juan Bravo abrió la jornada señalando que una pieza clave para esa colaboración público-privada es la Oficina de Evaluación de Proyectos. El secretario general de Hacienda de la Junta, Ignacio Méndez, recalcó que el problema de aplicar este sistema no es político para la administración, y que se trata de que una obra pública no impacte en el déficit ni en la deuda, como sucedió con el Metro de Sevilla por la escasa evaluación del proyecto, “algo que no puede volver a pasar”, dijo.
Méndez señaló también la elevada exigencia del Tribunal Europeo sobre la colaboración público-privada, la necesidad de que sea rentable en viajeros (que no se infle la cifra real) para que no lo tumbe la Intervención y el enorme déficit que tiene el mantenimiento de infraestructuras.
José Luis Nores, de PwC, y Filipe Dias, socio del inversor europeo TIIC, criticaron el límite actual a la rentabilidad del privado. Nores lo calificó de “imposible” y Diaz censuró que la administración se meta en eso.Nores elogió que la Junta vaya a analizar la “verdadera rentabilidad de los proyectos” con rigor porque hasta ahora no se ha hecho y demandó que “el factor político” salga de los proyectos para centrarse en aspectos técnicos. En esto coincidieron todos los expertos.
Filipe Dias, socio de TIIC, certificó que la colaboración público-privada esta ha vuelto a ganar ritmo en Europa. Para Alfonso Budiño, director general de Cointer Concesiones, un país con déficit, como España, debe recurrir a ella para sacar adelante las infraestructuras.
Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, demandó un plan de financiación para infraestructuras, apostó por los peajes en carreteras y dijo que las infraestructuras portuarias y aeroportuarias son de las mejores porque reciben tasas de sus usuarios, mientras en carreteras sólo el 18% son de peaje.
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