Aunque el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) reconoció que el retraso mínimo en la jurisdicción Social de Sevilla se sitúa entre uno y dos años, lo cierto es que hay varios juzgados de la capital que ante el colapso que padecen se han visto obligados a fijar la celebración de juicios para más allá de mediados del año 2017, es decir, dentro de más de tres años. Se trata de una situación inédita en una jurisdicción que en los últimos cuatro años se ha visto saturada de trabajo como consecuencia del aumento de los pleitos derivados de la crisis económica y la sangría del paro.

Dos de los juzgados de lo Social de Sevilla, los números 3 y 5, estaban ya fijando en octubre pasado vistas para abril y mayo de 2017, y en los últimos meses la situación se habrá incluso agravado. En el resto de órganos de esta jurisdicción, la situación tampoco se presenta muy positiva, porque hay algunos órganos judiciales que están fijando los juicios para 2015 y otros para 2016, coincidiendo con la demora de dos años anunciada por Lorenzo del Río.

El problema está en que los 11 jueces de lo Social de Sevilla -hay dos más de refuerzo- están soportando desde el inicio de la crisis económica una carga de entrada de asuntos que representa más del doble de lo que puede o debe asumir un jugado, según los módulos de entrada que establece como adecuados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se sitúa en entre una horquilla de entre 670 y 800 asuntos por juzgado y año.

Según la última memoria de actividades y funcionamiento del TSJA, correspondiente al año 2012, los once juzgados de lo Social de Sevilla ingresaron en ese ejercicio un total de 17.766 asuntos, lo que supone una media de 1.615 por cada juzgado. En ese periodo, resolvieron casi 14.000 asuntos, con lo que al final de año el volumen de casos pendientes se situaba en la alarmante cifra de 17.447 asuntos.

Estas estadísticas sitúan a los juzgados de lo Social de Sevilla como los más saturados de toda Andalucía, seguidos de los juzgados de Málaga, con casi 13.000 asuntos pendientes.

Los jueces denuncian que la carga de trabajo es inasumible y señalan que los ciudadanos que se vean afectados por esos importantes retrasos deben conocer las condiciones en las que se trabaja a diario en estos juzgados.