La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla una "evaluación exhaustiva que abarque todas las ofertas turísticas", ya que "implementar medidas restrictivas únicamente en una forma de alojamiento turístico podría ser considerado desproporcionado y contrario a las normativas actuales".

"Es esencial no limitar el análisis únicamente a las viviendas destinadas al turismo, sino considerar todas las formas de alojamiento dentro del sector", ha apuntado. Así se recoge en el escrito de aportaciones enviado por la asociación, y consultado por Europa Press, al Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico del Consistorio hispalense, que abrió una consulta pública, cuyo plazo termina este lunes, "con el único objetivo de ganar tiempo para que, en el momento que el decreto de la Junta de Andalucía entre en vigor, el Ayuntamiento pueda implementar las medidas oportunas para la limitación en su caso de las viviendas con fines turísticos".

En dicho documento, la AVVA califica de "innecesaria" una "nueva restricción", al apuntar a "la existencia de medidas similares ya implementadas", en alusión a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, que "ya establecía medidas restrictivas para las viviendas destinadas al turismo en todo el término municipal de Sevilla". Esta modificación fue recurrida por la Agencia de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Junta, y por la propia AVVA, pero no se fijaron medidas cautelares.

Sin "justificación previa"

Para la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, "la introducción de una nueva limitación carece de justificación práctica, dado que las regulaciones previamente establecidas aún no han tenido tiempo suficiente para ser evaluadas en su efectividad y eficacia". "Sería más prudente y sensato -continúa el escrito- evaluar la implementación y el impacto de las medidas ya vigentes antes de considerar la adición de nuevas restricciones".

En esta línea, la AVVA considera "crucial" que la Administración "proporcione una clarificación detallada sobre los nuevos objetivos que se buscan alcanzar con esta eventual normativa adicional". "Esta transparencia resulta esencial para comprender la lógica y la necesidad subyacente tras la propuesta de esta regulación adicional en un ámbito que ya está sujeto a disposiciones normativas establecidas a nivel autonómico y local", ha argumentado en su escrito.

La asociación da un paso más y considera que ante el panorama normativo actual, "una posible vía alternativa para abordar esta situación sería adoptar una postura más flexible y permitir el uso de las viviendas con fines turísticos sin restricciones en todas aquellas áreas de Sevilla donde no se haya demostrado de manera fehaciente una saturación turística". Propone para ello "una adaptación en las restricciones existentes, lo que permitiría el desarrollo de viviendas con fines turísticos en zonas donde la demanda no haya alcanzado niveles críticos. Esto facilitaría una mayor libertad en la gestión de estas viviendas, al tiempo que se mantiene un equilibrio este el turismo y la vida residencial de la ciudad".

Los grupos de la oposición

En el caso de los grupos municipales del Ayuntamiento de Sevilla, tanto el PSOE como Con Podemos-IU han confirmado a preguntas de Europa Press que ellos harán aportaciones al texto que presente el gobierno local una vez se cierre la consulta pública. En el caso de Vox, fuentes de la formación han señalado que están "pendientes a lo importante, que es el decreto de la Junta".

No obstante, Podemos Sevilla sí ha remitido como formación un escrito con sus aportaciones a la consulta municipal. En ella, se aboga por la suspensión durante cuatro años de la concesión de nuevas licencias; la puesta en práctica de recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de carácter progresivo, en función del número de viviendas de la entidad propietaria de las mismas; y el impulso de la "desprivatización de viviendas con fines turísticos a cambio de un justiprecio sobre sociedad propietarias de diez o más inmuebles en zonas tensionadas, con la incorporación de los inmuebles obtenidos al parque público de Emvisesa para dedicarlos a alquiler accesible para jóvenes". Además, aboga por que en las ordenanzas se recojan sanciones a los propietarios cuyos inquilinos "interrumpan el derecho al descanso del vecindario" y por que se tipifique y regule el "acoso inmobiliario" como "toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal y familiar hostil o humillante".

En noviembre de 2022, la Agencia de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, confirmaba su recurso contra la modificación del PGOU de Sevilla con la que el Ayuntamiento regulaba desde junio de 2022 las viviendas turísticas, de manera que éstas tienen la consideración de servicio terciario, lo que implica que están sometidas a las mismas condiciones, requisitos de implantación y ubicación que hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos.

El recurso de la Competencia

El recurso alegaba que la nueva regulación impone "graves restricciones de acceso -de forma injustificada y desproporcionada-, por lo que conculcaba los principios básicos de la ley de garantía de unidad de mercado y jurisprudencia de la UE. Contravenía, además, "el interés general". Dichas restricciones "injustificadas" son "verdaderas barreras artificiales de entrada, que cierran de facto el mercado a favor de las empresas incumbentes, de ahí su gravedad", explicaban desde la Consejería de Hacienda.

El recurso de la Junta se sumaba al que ya formalizó también la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), que alegaba que el Ayuntamiento "no tiene potestad para imponer requisitos y regular nuevas condiciones para la implantación de las viviendas con fines turísticos, en tanto que solapa y aborda competencias legislativas autonómicas que no le son propias en materia de turismo". Asimismo, la AVVAPro entendía que la modificación "supone una clara vulneración a los principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia".