La familia de Sandra Peña se une a la protesta frente al Congreso por una ley contra el acoso escolar
Decenas de familias, entre ellas la de la menor sevillana, reclaman al Gobierno medidas urgentes de prevención y protección para los estudiantes
Las presuntas acosadoras de Sandra Peña ya han declarado ante la Policía
La familia de Sandra Peña, la joven de 14 años que se suicidó el pasado octubre tras sufrir presuntamente acoso escolar, se sumó este jueves a una manifestación frente al Congreso de los Diputados junto a otras familias que han perdido hijos e hijas por bullying. La protesta coincidió con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y buscó visibilizar lo que los convocantes consideran un abandono sistemático de la Administración pública frente a estos casos.
"Creemos necesario no solo el endurecimiento de las penas en los casos de acoso escolar, sino también la implementación de medidas preventivas que eviten que ocurran situaciones como la que sufrió Sandra", explicó Isaac Villar, tío de la joven. Villar denunció que los protocolos de acoso escolar no se aplicaron en el centro educativo de su sobrina y que, aunque no se puede asegurar que habrían evitado el desenlace, sí habrían podido mitigar los riesgos.
La concentración, convocada por la Asociación Trencats contra las Violencias en las Escuelas, reunió a familiares de víctimas como Sandra, Daniela, Dani, Alejandro y Kira, así como a colectivos sociales y personas afectadas por violencia escolar. José Manuel López, fundador de Trencats, denunció el "abandono total y absoluto" que reciben las familias por parte de la Administración.
El objetivo de la movilización fue exigir al Gobierno la aprobación urgente de una Ley Integral contra el Acoso Escolar que garantice la protección efectiva de los menores en los centros educativos. López alertó sobre el aumento de casos de abusos sexuales entre menores de entre ocho y doce años, así como sobre el aislamiento, burlas y acoso psicológico que están llevando a jóvenes al suicidio.
Durante la protesta, las familias mostraron fotografías de 18 víctimas de violencia escolar que, según la asociación, quedaron desprotegidas por un sistema que "sistémicamente silencia estos casos, niega recursos y normaliza el maltrato". El padre de Kira advirtió que para que los protocolos sean efectivos se requiere una supervisión externa, ya que actualmente los colegios actúan como "juez y parte".
Trencats recuerda que hace tres años entregaron más de 230.000 firmas en el Congreso solicitando la ley, cifra que actualmente alcanza las 260.000, y critica que el Gobierno “no ha tomado medidas concretas desde entonces”. Durante este periodo, se han registrado cinco nuevos suicidios relacionados con acoso escolar.
Las familias han solicitado formalmente reunirse con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para avanzar en la aprobación de la ley. "Tres años de silencio gubernamental son tres años de complicidad con el acoso. Exigimos protección inmediata, protocolos funcionales y supervisión externa para asegurar el derecho de nuestros hijos a una educación libre de violencia", dijo el padre de Kira.
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