El gobierno municipal se ha comprometido a iniciar este mismo mes el trámite para frenar las casas de apuestas en Sevilla, a pesar de la polémica con la Junta de Andalucía a propósito de las competencias para acometer esta regulación. La voluntad municipal está, no obstante, a expensas de un informe pertinente del secretario municipal que, a fecha de hoy, aún no se ha firmado.

Tal y como ha ido adelantando este periódico, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, confía en encontrar el encaje jurídico para seguir adelante con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a fin de establecer unas distancias mínimas que alejen estos salones de juegos y apuestas de los colegios y puntos de encuentro de la población juvenil más vulnerable, entre otras medidas. 

El argumento municipal es que esta medida, por tanto, es urbanística y esas competencias corresponden al Ayuntamiento y no entrarían en colisión con las competendcias en mateira de juego que sí son de la Junta de Andalucía. 

Aunque en un principio, según se ha recogido por escrito en la propuesta del PSOE presentada ante la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno local, el gobierno consideraba que la advertencia lanzada por la Junta suponía un bloqueo, esta mañana asegurado que su intención es suguir adelante y, si logra el aval jurídico necesario, convocar un consejo extraordinario de la Gerencia de Urbanismo y así poder elevar al pleno del próximo viernes la citada modificación del PGOU.

El aval político también lo tiene, después de que ningún grupo municipal se haya opuesto en la comisión de este viernes a las intenciones municipales. El Pp, Vox y Ciudadanos se han abstenido y Adelante Sevilla ha dado su voto a favor de una propuesta socialista para instar a la Junta a que acelere la tramitación de un decreto que servirá de marco autonómico para regular la proliferación de las cass de apuestas y, de paso, instarle también a que deje de advertir a los ayuntamientos que tumbará cualquier norma municipal.

Desde Adelante Sevilla, el grupo que inició el debate a finales de 2018, se ha reprochado a Muñoz que el gobierno "no haya hecho sus deberes" a lo largo del último año, pues se comprometió a trabajar en esa modificación del PGOU y presentarla antes de que expirase la moratoria que se acordó a finales de 2019 y que expira el 17 de marzo, tras prorrogarse el plazo por la pandemia. El concejal Daniel González Rojas ha insistido en que la advertencia de la Junta de Andalucía no puede ser motivo para que el Ayuntamiento de Sevilla no siga con sus planes, lamentando que "se haya quedado dormido".

Tanto el PP como Ciudadanos han defendido que lo prudente sería esperar a la regulación autonómica, que estaría en marcha y se aprobaría en abril. Mientras que Vox ha asegurado que ya vaticinaron que este choque de competencias iba a ocurrir.