Es sin, duda, la gran preocupación de la Hermandad de la Macarena y el motivo principal por el que la corporación religiosa está siendo bastante cauta a la hora de pronunciarse sobre un asunto que ha generado gran polémica la última década. La junta de gobierno de la hermandad, dirigida por José Antonio Fernández Cabrero, intenta a toda costa que la exhumación de los restos mortales de los generales franquistas Queipo de Llano y Fernando Bohórquez se haga con la mayor discreción posible y evitando el espectáculo mediático en el que se convirtió la salida de Franco del Valle de los Caídos, hace ahora tres años. 

Aquel precedente es el que no se quiere repetir en este templo religioso, que recibe al año más de 800.000 visitas de turistas y donde se le da culto a una de las imágenes marianas de mayor devoción universal, la Virgen de la Esperanza. Por tal motivo, los planes que hasta ahora ha puesto en marcha la corporación religiosa para cumplir con la nueva ley se ha hecho con total discreción y con mínima difusión. También a este principio obedece que las declaraciones realizadas por Cabrero hayan sido muy escuetas. 

En este asunto intervienen tres partes. Por un lado, el Estado, que ha aprobado la nueva Ley de Memoria Democrática, que obliga a la retirada de símbolos franquistas y honores a personajes vinculados con la dictadura en aquellos espacios públicos o privados que tengan proyección pública, como es el caso del templo macareno, donde Queipo fue enterrado en 1951 por su contribución a la construcción de la basílica, motivo por el cual recibió el título de hermano mayor honorario, que aún reza en su lápida (de la que fueron eliminadas las referencias franquistas en 2009). 

División en la hermandad

Por otro lado, se encuentra la Hermandad de la Macarena, propietaria de la basílica. Su hermano mayor reconoció la semana pasada la división que existe entre los miembros de la corporación en este asunto, motivo por el cual pidió al Gobierno una directriz concreta que no pudiera ser debatida. Una petición a la que se ha dado respuesta este lunes en forma de carta por parte de la Secretaría de Estado de Mermoria Democrática. En ella se le ordena a la corporación a acometer "con la mayor brevedad posible" la exhumación de los generales citados. 

La hermandad, además, desde que se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica (en el Gobierno de Zapatero) ha intentado disimular la sepultura de Queipo de Llano en la basílica. A ello obedece que durante buena pate del año esta zona del templo sirva para acoger el belén navideño o para el montaje de los pasos de la cofradía y la procesión de gloria de la Virgen del Rosario. Durante buena parte de este mes de octubre ha estado oculta bajo una alfombra. 

Y por otra, están los familiares de Queipo y Bohórquez, con los que se debe acordar el traslado de los restos. En este punto, Cabrero planteó en 2018 la posibilidad de que el nuevo columbario de la hermandad (inaugurado en 2020) acogiera los restos de Queipo, una posibilidad que no se ha llevado a ejecutar, pero que sería la opción que a día de hoy resultaría más factible. En este punto conviene recordar la postura adoptada por los descendientes de Primo de Rivera, para que la salida del que fuera fundador de la Falange de la hasta ahora basílica del Valle de los Caídos se haga en la más estricta intimidad, todo lo contrario de lo que ocurrió con Franco en 2019. Un deseo extrapolable al caso de la basílica de la Macarena. 

Los gastos de la exhumación

Otro asunto que aún queda por conocer es el gasto de esta operación. ¿Le tocará asumirlo a la hermandad o al Estado? Fuentes cercanas a la corporación han detallado que la intención de Cabrero y el fleco aún pediente es el de evitar que el desembolso repercuta en las arcas de la hermandad, habida cuenta de la división que existe entre los hermanos en este asunto. Se quiere impedir que la cuestión monetaria suponga otro motivo de confrontación interna. Sin embargo, el ministro de Memoria Democrática, Félix Bolaños, ya aclaró a principios de octubre que debía ser la hermandad, como propietaria del edificio, la que afrontara los gastos.

La última puntada para cerrar una polémica demasiada prolongada y que atañe a una hermandad con una incuestionable labor social y evangelizadora en la Sevilla del siglo XXI. Volcada en llevar la Esperanza a los más necesitados.