Un imputado admite que Sando no habría ganado sin las cláusulas

El economista José Antonio Ripollés fue el primer imputado en el caso Mercasevilla que reconoció ayer ante la juez que la constructora malagueña Sando no habría ganado el concurso para adjudicarse el derecho de compra de los actuales terrenos del Mercado Central de no ser por las dos cláusulas incluidas en el pliego de condiciones que la favorecían frente a las otras empresas que presentaron propuestas.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputó ayer cuatro delitos -prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacciones ilegales, y delito societario- a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, que intervino en la elaboración del pliego de condiciones previo al concurso público, y al economista José Antonio Ripollés, que fijó el precio de compraventa y el índice de revisión anual que finalmente se incorporó a dicho pliego.

La juez considera que María Victoria Bustamante, que es actualmente jefa del Servicio de Vía Pública de la Gerencia de Urbanismo y consejera de Mercasevilla, se puso de "común acuerdo" con José Antonio Ripollés para preparar un concurso público que estaba "predeterminado" para que la oferta ganadora fuese la de Sanma, filial de la constructora Sando, a pesar de que había otra oferta, la del grupo Noga -Osuna-, que la superaba en 52 millones. La instructora sospecha que estos dos técnicos seguían las instrucciones del ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y de Jorge Piñero, vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva del Mercado mayorista, también imputados en la causa. La juez llega a recoger en la imputación de los hechos realizada a los técnicos que, conociendo "previamente" la oferta de Sanma, elaboraron un pliego de condiciones para "favorecer claramente" a esta empresa frente al resto de participantes aunque su oferta económica -106 millones- fuese inferior a los 158 que ofreció Noga.

Para ello se introdujeron dos cláusulas -cuya autoría nadie ha reconocido aún- que penalizaban, de un lado, aquellas ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas -una cláusula que la juez califica de "antieconómica y contraria al interés general" y que no está contemplada en la ley ni en el reglamento de contratos del Estado-; y de otra parte, primaban la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos, lo que también favorecía a Sando porque había haber suscrito previamente con Mercasevilla un derecho de superficie que ni siquiera estaba legalmente constituido por falta de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Los imputados, añade la juez, realizaron una valoración "injusta" de las ofertas que perjudicó a la propuesta en principio más ventajosa para el Mercado. La juez se refiere al "concierto" de los imputados para lograr, "mediante tales artificios administrativos, alterar el buen fin del concurso público en favor de Sanma", que suscribió el contrato el 23 de febrero de 2006.

Una vez que la juez realizó esta imputación al economista José Antonio Ripollés, éste negó que tuviera alguna participación en la elaboración de las cláusulas que favorecieron a Sando y que, según admitió, suponían "una ventaja" sobre el resto de ofertantes.

En su opinión, la única justificación de la inclusión de estas condiciones en el concurso podría estar en que Mercasevilla quisiera valorar los recursos que ya había aportado Sanma, que desde julio de 2005 venía abonando un canon de arrendamiento mensual de 58.738 euros que había aliviado las dificultades económicas de la sociedad. En cualquier caso, según Ripollés, "si no hubieran existido esas dos cláusulas, gana la oferta de Noga".

El economista añadió que, a su juicio, los redactores del pliego fueron Jorge Piñero y María Victoria Bustamante, aunque desconoce quién incluyó las cláusulas y sostuvo que ninguna de estas personas le indicó que "tenía que beneficiar a Sanma en el concurso".

María Victoria Bustamante se acogió ayer a su derecho a no declarar a pesar de que en julio ya declaró como testigo y de que la semana pasada entregó a la Policía el ordenador que usa en Urbanismo porque iban a retirárselo.