La Junta ha cancelado 1.067 pisos turísticos en Sevilla desde 2024

En la provincia, la Consejería de Turismo detectó 131 viviendas de uso turístico que incumplían la normativa en este mismo periodo

Caja porta llaves en el exterior de unos pisos turísticos.
Caja porta llaves en el exterior de unos pisos turísticos. / Julio González

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha cancelado desde 2024 hasta la actualidad 10.266 viviendas de uso turístico (VUT) tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos andaluces. De ellas, 1.198 fueron en Sevilla, 1.067 en la capital. El 45% de estos alojamientos estaban en las capitales de provincia. De ellas, Málaga es la provincia que registra más cancelaciones con 3.812 -1.280 en la capital-, seguida de Granada con 1.807 -988 en la capital-; Cádiz con 1.352 -471 en la capital-; Sevilla con 1.198 -1.067 en la capital-; Almería con 686 -121 en la capital-; Córdoba con 679 -569 en la capital-; Huelva con 403 -52 en la capital-; y Jaén con 329 -80 en la capital-.

Según l consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ante la proliferación de esta modalidad de alojamientos, “vimos la necesidad de trabajar mano a mano con los ayuntamientos que son los competentes a la hora de planificar su modelo de ciudad”. Como resultado, la Junta de Andalucía ya ha firmado seis convenios para controlar las VUT con los ayuntamientos de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería, encontrándose en vías de formalización convenios con otros municipios, como los de Córdoba, El Puerto de Santa María o Alhaurín El Grande. Con las cifras de hoy, queda demostrado que el trabajo que venimos haciendo está dando resultados”, ha incidido Bernal resaltando la mejora de la coordinación administrativa para una gestión eficiente y ágil. "Continuamos así trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y siga generando oportunidades de futuro para los andaluces", ha insistido.

Por otro lado, Bernal ha recordado que la Junta lleva tres años solicitando una Conferencia Sectorial por parte del Ministerio de Turismo para que se aborde la proliferación de las VUT que se ha extendido por todo el país. “Continuamos sin respuestas. Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España”, ha lamentado.

En este sentido, ha valorado el resto de medidas impulsadas por la Consejería, entre ellas el Plan de Inspección Programada donde se han priorizado los programas específicos la lucha contra la clandestinidad en el ámbito de las VUT. Dicho control se ha avanzado con medidas de gestión automatizada como la integración de base de datos, la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos o procesos de Web Scraping.

La aprobación del Decreto 31/2024, de 29 de enero, que modifica diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros ha contribuido a clarificar la posibilidad de que los ayuntamientos, por razones imperiosas de interés general, pudieran establecer limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona, siempre que las mismas obedezcan a criterios claros, inequívocos y objetivos.

Además, se regula la posibilidad de que la Consejería pueda celebrar convenios de colaboración con otras administraciones o con entidades privadas para facilitar el intercambio de información, a fin de garantizar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la normativa vigente y, en su caso, facilitar la labor inspectora de la Junta de Andalucía o de otras autoridades públicas.

Igualmente, de forma coordinada con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se ha aprobado el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. Con ello, se han adoptado, con carácter de urgencia, medidas que ya permiten a los ayuntamientos andaluces adecuar mejor y con mayor seguridad jurídica esta actividad económica al tipo de uso urbanístico más idóneo según su modelo de ciudad, preservando el medio ambiente urbano.

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