La normalidad es noticia. Tras año y medio en el que la pandemia del Covid ha alterado por completo todos los ámbitos de la sociedad, la relajación de las medidas sanitarias permite recobrar los modos de vida anteriores a marzo de 2020. Una de las actividades más beneficiadas por este regreso es el de la enseñanza superior, que retomará las clases presenciales en el nuevo curso que se inicia este lunes en la Universidad de Sevilla (US) y la Pablo de Olavide (UPO). 

Casi 70.000 estudiantes (55.000 en la US y 12.000 en la UPO) comienzan las clases en los campus de ambas instituciones, que la semana pasada alteraron a contrarreloj los planes previstos para el inicio del nuevo ejercicio académico. No fue hasta el pasado martes cuando la Junta de Andalucía permitió que los alumnos en las aulas guardaran una distancia menor a 1,2 metros, separación obligatoria hasta entonces. 

Dicho requisito había hecho descartar a la US y la UPO la presencialidad plena, puesto que no todos los centros tienen aulas con tales dimensiones ni se pueden permitir el desdoble de grupos en sus instalaciones. La Hispalense optó por aforos del 50% y la semipresencialidad en turnos rotatorios, un modelo similar al del curso pasado. La Olavide se decantó por clases telemáticas en las enseñanzas teóricas y presenciales en la prácticas. 

A cinco días del inicio

Todos estos planteamientos, anunciados a principios de septiembre, se modificaron a cinco días del nuevo curso, cuando se tuvo constancia de las nuevas medidas de la Junta. La presencialidad plena vuelve a las universidades sevillanas y con ella una normalidad lo más parecida posible a la existente hasta la primavera del año pasado. 

Eso sí, habrán de mantenerse distintas medidas de seguridad para frenar los contagios de Covid. La mascarilla seguirá siendo obligatoria tanto en espacios cerrados como abiertos de las facultades. Habrá que hacer uso del hidrogel al entrar en las aulas, que deberán ser ventiladas continuamente. Se desarrollará un sistema de trazabilidad para que, en caso de que se confirme un contagio, identificar rápidamente los contactos que haya tenido el alumno. Continuará la señalización de los itinerarios y los accesos escalonados. 

El curso arranca con unos índices también muy altos de vacunación: Casi el 80% de la comunidad universitaria tiene ya la pauta completa contra el coronavirus. No obstante, las dos universidades públicas contarán con puntos de vacunación en sus campus para estudiantes, docentes y trabajadores que no hayan recibido las respectivas dosis, especialmente los alumnos de nuevo ingreso. 

La vuelta a la presencialidad plena también restringirá el uso de las cámaras que se habían instalado el año pasado para las enseñanza on line desde el domicilio de los estudiantes. En la US, según avanzó su rector, Miguel Ángel Castro, la utilización quedará circunscrita a proyectos internacionales con otras universidades, mientras que en la UPO, como detalló el rector Francisco Oliva, servirán para "circunstancias excepcionales" relacionadas con "supuestos de vulnerabilidad o cuarentenas obligatorias". 

La nueva ley

Al margen del regreso a la normalidad, el nuevo curso universitario viene marcado también por la ley orgánica que prepara el Gobierno para regular la enseñanza superior (LOSU), que entre sus principales efectos se encuentra la reducción del claustro a 100 integrantes (lo que supone que la US deberá reducirlo a un tercio de su composición actual) y que el número de personal docente e investigador con contrato temporal no supere el 20% de su plantilla (con especial incidencia en la UPO). 

El rector de la Hispalense ha criticado duramente la denominada ley Castells, que ha calificado de "intervencionista" . Castro ha advertido que supone una amenaza para la autonomía de las universidades. Por tal motivo, ya plantea, a través de la conferencia de rectores de España (Crue), presentar alegaciones al anteproyecto aprobado por el consejo de ministros el pasado 1 de septiembre. También ha cuestionado el nuevo plan de financiación que prepara la Junta de Andalucía, al considerar que no satisface las principales demandas  de las instituciones académicas.