La avalancha normativa que se produjo a partir de 2012 para la administración local, con un aumento de las exigencias de fiscalización e información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, coincidió en Sevilla con una importante carencia de funcionarios de habilitación estatal, responsables de ese trabajo en los ayuntamientos. Ese año, el 40% de los puestos de secretario e interventor estaban vacantes u ocupados de forma accidental o interina por personal que no se había formado específicamente ni aprobado las oposiciones, con lo que ello supone teniendo en cuenta que son los encargados, además, de fijar criterios jurídicos, fiscalizar y advertir a los cargos electos de la legalidad de sus decisiones.

Cuatro años después, la situación ha mejorado y, según los datos que maneja el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en la provincia (Cosital-Sevilla), los puestos vacantes del todo son algo más del 33%, 57 de 171 sólo en lo que respecta a secretarios e interventores.

El grado de ocupación es mayor porque, sencillamente, hay más habilitados disponibles desde que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fijó que las oposiciones para acreditarlos fueran, de nuevo, una competencia del Estado. De 2007 a 2012, pasó a ser de las comunidades autónomas y muchas de ellas nunca convocaron pruebas. Sí lo hizo Andalucía, con el consiguiente desembolso, pero acudían opositores de todo el país que, ya acreditados, se iban a trabajar a sus lugares de origen. Los puestos en Andalucía y en Sevilla seguían vacíos.

Tras el nuevo cambio, se celebraron oposiciones estatales en 2015, incluso de carácter extraordinario, y están previstas también para 2016, en abril, con lo que el presidente de Cosital-Sevilla, Luis Enrique Flores, secretario del Ayuntamiento de Sevilla, espera que la situación se normalice a partir de este año y en los próximos.

En lo que respecta a secretarios de primera -para municipios con más de 20.000 habitantes-, de 17 puestos que existen en otros tantos ayuntamientos hay nueve vacantes ahora, aunque cinco están cubiertos de forma provisional por habilitados nacionales que no están en su plaza definitiva. Es decir, estrictamente no ocupados por habilitados nacionales están cuatro puestos.

En cuanto a los interventores de la misma categoría, hay doce vacantes y sólo una cubierta de forma provisional por un habilitado nacional fuera de su destino definitivo. En esta categoría de los interventores el déficit es mayor, con 16 puestos sin habilitados nacionales.

Respecto a los secretarios de segunda (municipios de 5.000 a 20.000 vecinos), de 49 puestos hay diez vacíos y de éstos sólo cinco cubiertos de forma provisional. Otros tantos recaen en otros funcionarios municipales de forma accidental o interina. Entre los interventores en ayuntamientos de este tamaño, el déficit es mayor, con 23 puestos vacantes de 49. Sólo tres están cubiertos de forma provisional y hay 20 vacíos del todo u ocupados de forma accidental.

En los municipios menores de 5.000 vecinos la ley contempla que un único funcionario de habilitación estatal sea secretario-interventor. De 39 municipios sevillanos de ese tamaño hay 15 con el puesto vacante, aunque en tres se cubre de forma provisional por un habilitado-nacional fuera de su destino definitivo. Otros 12 están vacíos.

En total, de 171 puestos de secretario, interventor o secretario-interventor, 57 están vacantes, algo más del 33%. No obstante, esta cifra es mayor si se tienen en cuenta otras categorías, como la de tesorero, para la que hasta hace poco sólo se exigía un habilitado nacional en municipios con más de 5.000 vecinos. Incluso los que llegan hasta 20.000 estaban dispensados.

Según datos de la Junta de 2014, con éstas y otras funciones, el 37% de los puestos para funcionarios habilitados de carácter nacional de la provincia estaban vacantes, muy por encima de Málaga (donde se suele pagar mejor y se quedan en el 9%) pero por debajo de Huelva o Granada, con muchos municipios muy pequeños y el 64% y 67%, respectivamente, de sus puestos vacantes.

Luis Enrique Flores recuerda que la exigencia de que el puesto de la Tesorería siempre lo ocupe un funcionario habilitado nacional se ha generalizado con sendos decretos de julio y septiembre de 2015. En algunos casos, la ley permitía incluso que asumiera esa función un concejal. El presidente de Cosital-Sevilla explica que se trata de puestos que va a ser difícil cubrir en esos municipios menores de 5.000 vecinos y la acumulación en la figura del secretario-interventor también es compleja, porque no es lo habitual que la misma persona sea la que realice el informe jurídico, fiscalice y pague. Normalmente, son funciones separadas.

Mejores herramientas pero mucha sobrecarga de trabajo 

El presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local en la provincia, Luis Enrique Flores, explica que aunque la situación financiera de muchos ayuntamientos se ha normalizado y asumido las rutinas de las nuevas normativas, el trabajo para los funcionarios habilitados nacionales sigue siendo ímprobo, porque se exigen informes periódicos de cuya presentación depende que el municipio reciba sus fondos u otras subvenciones. Destaca que los ayuntamientos han hecho un esfuerzo por dotarles de más herramientas informáticas para facilitar el trabajo. En el colegio siguen entrando llamadas a diario de ayuntamientos y otros entes, como mancomunidades, demandando habilitados, algo hasta hace unos años completamente inusual.

La Diputación también ha creado 4 puestos de apoyo 

En estos años, la Diputación también ha creado cuatro puestos de secretario-interventor para asistir, sobre todo, a los municipios menores de la provincia. Estos habilitados nacionales se desplazan puntualmente para asistir a los plenos o realizar informes y evitar que la ausencia de un habilitado nacional paralice la gestión ordinaria del Ayuntamiento.