Un recurso retrasa el cierre del centro con cámaras hasta mediados de 2010

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla ha ratificado su decisión de seguir adelante con el plan de restringir el tráfico privado en el Casco Antiguo mediante cámaras de control que permitirán el paso sólo a los residentes y conductores con autorización, pero el proyecto ha vuelto a sufrir un nuevo retraso que impedirá instalarlas esta Navidad y ponerlas en marcha en la Semana Santa de 2010, como estaba previsto.

Esta vez la dilación, de tres meses como mínimo, tiene que ver con la queja presentada por una de las siete empresas licitadoras que se quedó fuera de la adjudicación provisional, otorgada a la empresa SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas) a finales del mes de julio pasado. Según explicó a este periódico el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, una de las empresas no está de acuerdo con los baremos por los que ganó el contrato inicialmente SICE y ahora la mesa de contratación y la asesoría jurídica deben decidir si se hicieron bien las cosas y a quién corresponde la adjudicación definitiva. Llevan dos meses meses estudiándolo.

En condiciones normales, debían haber transcurrido 15 días entre la adjudicación provisional y la definitiva. El Consistorio calcula que la nueva fecha de implantación de las cámaras -incluida en la ordenanza de peatones y ciclistas- será en verano, aunque el plazo máximo del adjudicatario es de 12 meses.

El edil Fernández niega que el recurso del licitador se deba a que se cometieron fallos en el concurso, resta importancia a la queja y está convencido de que se resolverá "en cuestión de días". Cuando la adjudicación del concurso de las cámaras sea definitiva hay que esperar seis meses más para las catas, instalación, pruebas y ejecución final. "El objetivo era montarlas en Navidad y probarlas hasta Semana Santa para dejarlas ya funcionando, pero eso no se cumplirá", declaró Fernández asumiendo el cambio de planes. "No se puede hablar de cierre del centro al tráfico, sino de una regulación del viario del centro, que acoge a diario una media de 109.710 vehículos en días laborables", aclaró el concejal socialista como argumento para reducir al máximo el tráfico privado.

Respecto a la voluntad de IU de aplicar la medida con urgencia, el delegado de Movilidad reitera que también todos los concejales socialistas del gobierno local apoyan igualmente restringir el tráfico privado en el centro ("no me consta que nadie del PSOE esté en contra", dice) y agrega que el plan se cumplirá "porque está en el programa electoral" de los comicios municipales de 2007. Movilidad añadió que tampoco afectan para nada los recursos judiciales presentados contra la ordenanza de peatones y ciclistas (en vigor desde mayo de 2008). Sin embargo, el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín se ha mostrado menos entusiasta en los últimos meses cuando abogaba ante la prensa por aplicar la restricción "de forma progresiva", "en cuanto sea posible técnica y jurídicamente", por si alguien plantea pleitos. Hasta la fecha el Ayuntamiento no ha explicado con detalle a los ciudadanos cómo se tramitarán las tarjetas para que entren al centro personas ajenas a los residentes acreditados (y que paguen en el centro su impuesto de vehículos), taxistas y servicios públicos.

Según aclaró Movilidad a este periódico, las motocicletas tendrán paso libre. Los clientes de los hoteles podrán gestionar por internet sus permisos con unas claves de acceso que les facilitarán los empleados del establecimiento hotelero. Los comerciantes, personal de oficinas y familiares de personas que requieran asistencia médica se supone que dispondrán de claves personales para pasar sin problemas bajo las cámaras de control.

Fernández admite que los trámites son complicados por la cantidad de acreditaciones y tarjetas que deben gestionar los empleados municipales. Sólo están listas las bases de datos de las matrículas de los taxistas (para que pasen las cámaras del contracarril en las dos rondas en sentido único), pero queda actualizar las tarjetas de los residentes (más de 23.000 hasta el momento) y el resto de colectivos. Ante los casos de picaresca que se esperan (tarjetas falsificadas), la solución que se plantea Movilidad será imponer sanciones.

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