Los vecinos de 'Las Vegas' lamentan que Zoido se niegue a entrevistarse con ellos

El presidente de la asociación de vecinos Martínez Montañés, Rafael Pertegal, lamentó ayer que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, no quiera reunirse con ellos. Este representante vecinal expuso en una carta enviada a este periódico que ha solicitado hasta en tres ocasiones una entrevista con el alcalde y siempre obtuvo "la callada por respuesta". "Usted, señor alcalde, ha venido a la frontera del barrio, es decir, a la zona de las 800 viviendas, a la barriada de Murillo y a las cercanías del Parque de Bomberos, pero no a Las Vegas", indica Pertegal en su escrito. El presidente de los vecinos de la zona más deprimida de Sevilla detalla que su barrio es un lugar "insalubre desde hace muchos años, sin que quienes sean competentes tomen las medidas necesarias para evitar más enfermedades de las registradas hasta la fecha".

Pertegal recordó que mantuvo recientemente una entrevista con el comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maeztu, y éste le expuso que "él sólo marca las líneas maestras del plan integral y luego los encargados de llevarlas a efecto son los que tienen que desarrollarlas". "Ante esto, tenemos que preguntarnos quién controla o debe controlar y exigir resultados. Son muchos 27 años para después de lo invertido y aportado por las administraciones no haber solucionado al menos buena parte de nuestros problemas".

El representante vecinal insinúa con la posibilidad de acudir a los tribunales ante esta presunta dejación de funciones. "No puedo saber cómo ni de qué forma se ha empleado lo aportado desde 1985 por las administraciones. No creo que haya mala intención pero sí una mala gestión que nos ha llevado al descontrol y empeoramiento actual. Las administraciones implicadas deberían investigar cómo se ha invertido y con qué criterio. Digo que son las propias administraciones porque, tal vez, la vía judicial no sea en estos momentos conveniente, ¿o sí?", se pregunta Pertegal.

En la carta, el dirigente vecinal hace un repaso del deterioro paulatino que ha sufrido el barrio desde 1983, empezando "por la permisividad de la delegación provincial de Obras Públicas, que no actuaba de forma debida ante las continuas denuncias de las asociaciones sobre las compras ilegales de viviendas", que convirtieron la zona en un "refugio de pecadores" que huían de delitos cometidos en otros países europeos.