La antigua fábrica de Altadis sigue en la picota. El periodo de alegaciones a la modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá en sus suelos usos terciarios y de interés público y social sigue abierto (finaliza este lunes). La plataforma Pro Fábrica de Tabacos de Sevilla reclamó ayer al gobierno en funciones de Juan Ignacio Zoido que paralice un expediente "ilegal y lesivo para los intereses de la ciudad", y abra un proceso de debate y participación ciudadana sobre el futuro de los suelos. Este razonamiento es el eje de las alegaciones que registraron ayer en las oficinas de la Gerencia de Urbanismo la sección española del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (Ticcih-España), Ecologistas en Acción, y a título personal del dirigente vecinal Basilio Moreno, y el arquitecto (y antiguo jefe del departamento de planeamiento de Urbanismo) José García-Tapial.

La organización solicita al gobierno municipal la inmediata retirada y archivo del expediente; que la nueva corporación municipal que salga elegida el día 13 denuncie el convenio suscrito en su día entre el Ayuntamiento y la empresa; la redacción de un informe patrimonial sobre los bienes materiales, inmateriales, paisajísticos y naturales del conjunto industrial; y el inicio, si procede, de nuevas negociaciones con Altadis para la elaboración de un nuevo convenio.

Entre las alegaciones presentadas destacan la falta de justificación de los nuevos usos, la desprotección del patrimonio, la eliminación de zonas verdes, o el incremento de la altura de la edificación. "No entendemos con qué criterios se derriban casi todos los edificios y sólo se dejan dos en pie", señaló la vocal de Ticcih-España Marina Sanz, quien aseguró que la preferencia es "devolver al inmueble su espíritu industrial para que vaya unido a las nuevas tecnologías, ya que hay muchas personas preparadas en esta ciudad que pueden aprovechar el espacio para progresar en investigación. Hay cabida para todo, no sólo para uso comercial".

El proyecto divide el solar de 26.177 metros cuadrados de superficie en dos grandes zonas: una, la situada más al sur, que permanecerá en manos de Altadis y que se recalificará para acoger usos terciarios (centro comercial, hoteles, bares, etcétera), y otra, la que linda con el Círculo de Labradores, que cederá la tabaquera al Ayuntamiento para desarrollar equipamientos de barrio, servicios sociales y usos culturales. El Ayuntamiento, además, se beneficiará de una parcela para usos lucrativos. Tanto la ciudad como la multinacional dispondrán de unos 31.000 metros cuadrados de edificabilidad. De llegar a buen puerto, el proyecto supondrá un auténtico cambio en la fisonomía urbana de esta zona de la ciudad. De hecho, del conjunto de inmuebles que actualmente componen la fábrica -construida en 1954 y remodelada a mediados de los 60-, sólo quedarán en pie el edificio principal, que cuenta con una protección de tipo C por estar catalogado como patrimonio industrial en el PGOU, y la capilla de la hermandad de las Cigarreras. El resto desaparecerá. Una de las preocupaciones es que la necesaria recalificación de los terrenos posibilitaría la creación de una superficie comercial así como un reparto de edificabilidad, que permitiría construir una torre sobre los actuales Jardines Manuel Ferrand.

El PSOE (que exige parar el expediente hasta formar el nuevo gobierno) no es el único partido que ha propuesto en la campaña electoral un cambio en este convenio. Ciudadanos también llevaba en su programa la creación de un centro de negocios en la antigua fábrica de Tabacalera y prácticamente todos los partidos, incluido IU, han apostado por dar una vuelta más al proyecto para uno de los lugares estratégicos de la ciudad.